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Justicia Alimentaria alerta de que abrir la puerta a la importación de maíz de Argentina y Brasil supone la entrada de pesticidas prohibidos en la Unión Europea

16 marzo, 2022

Ante la incertidumbre sobre el suministro de maíz provocada por la guerra en Ucrania, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una resolución en la que se elimina la protección existente a importar maíz tratado con pesticidas tóxicos de Argentina y Brasil. Sin embargo, el Ministerio no especifica qué pesticidas que antes estaban prohibidos quedarían autorizados con esta alteración de los requisitos de seguridad toxicológica y las consecuencias que esto tendría para la salud pública. Por este motivo, Justicia Alimentaria reclama transparencia y la publicación de un listado con los pesticidas autorizados y del informe toxicológico en el que el Ministerio se ha basado para autorizar sustancias que antes estaban prohibidas.
Actualmente, en los cultivos de maíz y soja de Brasil se utilizan más de 150 pesticidas, de los cuales, más del 30 % están prohibidos en la Unión Europea. La gran paradoja es que la UE no permite el consumo de estos productos en sus fronteras, pero sí los fabrica y exporta. En 2018, la UE exportó al Mercosur (básicamente, Argentina y Brasil) más de 500 millones de euros en plaguicidas, de los cuales, 7 millones de kilos eran productos prohibidos en la Unión Europea.
Solo BASF exportó al Mercosur más de 550 000 kilos de fipronil, un insecticida que causa problemas de salud, tanto agudos como crónicos, a los seres humanos y que estaba prohibido para uso agrícola en la UE desde 2009. En 2019, la empresa Arysta, con cinco plantas en Europa, exportó al Mercosur 1,2 millones de kilos de iprodiona, una sustancia que provoca problemas de salud crónicos. La valenciana Agroquímicos de Levante es exportadora de cloropicrina, un pesticida de uso también restringido en Europa.
El paraquat, el tóxico más nocivo y el más utilizado
El paraquat es uno de los fitosanitarios más utilizados en Argentina y Brasil, aunque está prohibido en más de 40 países, incluidos los de la Unión Europea y Suiza, debido a sus efectos nocivos para la salud. El paraquat es altamente tóxico y no existe antídoto para contrarrestarlo. El paraquat presenta una toxicidad 28 veces más aguda que el glifosato. El envenenamiento agudo puede producirse por contacto con la piel o los ojos o por inhalación. Cada vez hay más pruebas de que la exposición crónica al paraquat está vinculada a efectos nocivos, por ejemplo, sobre el sistema respiratorio, a problemas reproductivos y al aumento del riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Además del paraquat, tenemos la cianamida o la propargita, sustancias tóxicas con numerosos efectos nocivos para la salud humana validadas a nivel internacional.
No obstante, la información emitida por el Ministerio no concreta si estos u otros pesticidas estarán o no autorizados. De ahí que el problema de transparencia en un tema tan importante como es la salud pública sea mayúsculo.
Según la organización, la crisis de Ucrania evidencia nuevamente la inviabilidad del sistema de ganadería industrial que genera importantes problemas ambientales por contaminación de suelos, agua y aire; provoca problemas en la salud de las personas y, sobre todo, depende de ingentes cantidades de pienso y de cereal que, además, se produce muy lejos de las fronteras españolas. «Ante esta situación, lo razonable sería abordar la reducción y reconversión de la cabaña porcina en nuestro país y orientar la producción hacia un modelo sostenible. Sin embargo, las medidas que ha tomado el Ministerio se orientan a favorecer a las grandes compañías de pienso, asumiendo un perjuicio y un paso atrás en la protección de la salud de las personas», denuncia Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.
*Photo by Arjun MJ on Unsplash