Exporta, explota, me expló!
El greenwashing alimentari: l’amenaça més gran per a la nostra salut, el medi ambient i els drets humans
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Prohibir la actuación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en sectores económicos con alta tasa de empleo de colectivos vulnerables.
Consecuentemente, también se hace necesario recuperar la exclusividad de la función pública como agencias de colocación y de gestión de los puestos de trabajo temporales.
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Se trata de recuperar la situación que existía a nivel laboral antes de dar luz verde a su existencia en 1994, y una vez constatamos que no habrá normativas laborales eficaces ni mejoras significativas en el ámbito de la precarización laboral mientras existan las ETT. Difícilmente se hubiera llegado a los actuales niveles de precarización laboral en el sector agroalimentario sin la existencia de las ETT. Hoy en día, representan una vía de escape ante los tímidos avances legales. Véase el caso de las delivery y la Ley Rider, el de los mataderos y los falsos autónomos o el de las temporeras del campo y los convenios colectivos. En todos los casos, han sido las ETT quien han sustituido a las mismas empresas a la hora de gestionar la precariedad.
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Garantizar que la distribución de subsidios agrarios llegue a aquellos productores que respeten el medio ambiente y los derechos de las personas trabajadoras.
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Para ello, pedimos incluir mecanismos de control entre las autoridades laborales y los organismos competentes en la gestión de las ayudas de la PAC, con el fin de hacer efectiva la futura condicionalidad social de la PAC para el periodo 2023-2027 y que se apliquen sanciones económicas a quienes lo incumplan.
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Hacer realmente efectivo el cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector alimentario.
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A través de: 1. Refuerzo de la Inspección de Trabajo, dotando de suficientes recursos económicos y humanos suficientes a las autoridades laborales con el fin de garantizar el respeto de los derechos laborales. 2. Mejora de los mecanismos de denuncia de los abusos de derechos a través de la creación de un dispositivo independiente de atención y asesoramiento para las personas trabajadoras, totalmente separado de los existentes que dependen directamente de las organizaciones patronales.
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Adoptar mecanismos adecuados para que todos aquellos inmigrantes que vivan en el Estado español sean dotados de la documentación necesaria para poder circular libremente y residir establemente si lo desean.
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Dada la enorme incidencia de vulneración de derechos en los colectivos de personas migrantes en situación irregular, demandamos que se adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso de todos los residentes a los mismos derechos sociales que el Estado proporciona a los nacionales del país.
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Revisar y modificar el mecanismo de gestión colectiva de la contratación en origen (GECCO) para evitar la vulneración de derechos laborales, de salud y vivienda.
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Además, asegurar su participación en el diseño de un nuevo mecanismo de contratación temporal transfronteriza.
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La ratificación por parte del Estado español de los convenios laborales.
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-Convenio 143 sobre trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) de 1975.-Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura de 2001.-Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990).
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Actúa ja
483 persones ja han signat.
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