Catalunya aprobará por ley varias peticiones que Justicia Alimentaria reclamaba en el informe ‘La compra pública alimentaria en Europa’

• Los menús de escuelas, hospitales y prisiones deberán tener la mitad de alimentos de proximidad. Así lo establece la nueva Estrategia Alimentaria del gobierno catalán

• Justicia Alimentaria elaboró el informe «La compra pública alimentaria en Europa», que recogía gran parte de las nuevas medidas que se quieren impulsar este 2025 con la futura ley de alimentación

• Justicia Alimentaria insta al resto de comunidades autónomas del Estado español a seguir el ejemplo para que pase a ser una ley estatal de compra pública de mayor impacto y calado. “Es importante recordar que en el anuncio faltan aspectos importantes, como por ejemplo el porcentaje de producción ecológica obligatoria que en países como Italia está prefijado y está en el 50% para fruta, verdura, legumbre y cereal”, dice el director de Justicia Alimentaria

En mayo de 2022 Justicia Alimentaria reclamaba una ley estatal de compra pública alimentaria basada en criterios de justicia social y ambiental, que además promoviera la economía local y preservara la salud. Para desgranar la ley punto por punto, Justicia Alimentaria elaboró el informe «La compra pública alimentaria en Europa», que recogía las experiencias en otros países europeos para visibilizar las opciones de compra pública de alimentos para servicios de la administración, como escuelas o centros sanitarios, que sean compatibles con un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. El estudio concluía que la compra pública española debería basarse en modelos como el de Francia o Finlandia.

Justicia Alimentaria reafirmaba con este informe la capacidad transformadora de la compra pública, que debería estar presente en todos los ámbitos: escolar, sanitario, social, etc., incorporando elementos climáticos, de género y de no explotación laboral, como ocurre en buena parte de los países de la UE.

Felizmente, Justicia Alimentaria ha constatado esta semana que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado la Estrategia alimentaria de Catalunya 2025-2028 para articular un sistema alimentario integral, sostenible, transformador, saludable y arraigado en el territorio. El siguiente paso deberá ser la aprobación de la Ley de la Alimentación de Cataluña. Para entender la aplicación al día a día de la futura ley, proponemos un ejemplo concreto: si se aprueba la nueva ley alimentaria la mitad de los alimentos de los menús que se sirvan en el sector público tendrán que ser de proximidad, de temporada y de producción sostenible. La estrategia busca llevar menús saludables a hospitales, prisiones o centros educativos, donde también se enseñará a los alumnos a reducir el desperdicio. Actualmente, sólo el 20% de los alimentos que se sirven en estos menús son de proximidad.

Esta iniciativa es un paso importante para el futuro del sistema alimenticio y para la construcción de una sociedad más resiliente y preparada para los retos del siglo XXI. Ahora bien, lo más importante será leer al detalle la letra pequeña de la futura Ley de Alimentación que Catalunya tiene previsto aprobar este semestre para constatar que la nueva Estrategia Alimentaria no queda en papel mojado.

“Vemos con buenos ojos la estrategia del gobierno catalán”, subraya Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria. “Pero es importante recordar que en el anuncio faltan aspectos importantes, como por ejemplo el porcentaje de producción ecológica obligatoria que en países como Italia está prefijado y está en el 50% para fruta, verdura, legumbre y cereal. En Roma, por citar una gran ciudad italiana, el 70% de los menús de los colegios son ecológicos. En el caso de la nueva ley, esto no aparece especificado en Catalunya. Además, es vital tener en cuenta las infraestructuras públicas para la alimentación, como son las cocinas escolares, la creación de cocinas comarcales y la recuperación de mercados municipales. Es la única fórmula de mantener conectada una red de alimentación pública sólida. Sin olvidar la incorporación de cláusulas sociales. así como la creación de una agencia de la compra pública para poder velar por sus preceptos”.

Además, Justicia Alimentaria insta al resto de comunidades autónomas del Estado español a seguir el ejemplo para que pase a ser una ley estatal de compra pública para impulsar una transición agrícola basada en sistemas alimentarios locales, en una reducción significativa de las emisiones sectoriales, y también debe ayudar a acelerar la transición alimentaria basada en dietas más saludables, con menos carne y derivados y menos alimentos procesados, entre otros aspectos.