Comunicado de Justicia Alimentaria contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela y en defensa de la soberanía de los pueblos

Desde Justicia Alimentaria expresamos nuestra más firme condena a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, una acción ilegal y unilateral que vulnera el derecho internacional, viola la soberanía de un Estado y supone un grave precedente de militarización de los conflictos políticos en América Latina.

Esta intervención no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia histórica de injerencia imperialista que busca imponer, por la fuerza, modelos políticos y económicos funcionales a los intereses de las élites corporativas y geopolíticas de Estados Unidos. Una vez más, se pretende justificar el uso de la violencia bajo discursos de “restauración democrática”, “seguridad” o “ayuda humanitaria”, mientras se ignoran deliberadamente las consecuencias devastadoras que estas acciones tienen sobre los pueblos.

Tal como denuncian los movimientos campesinos y populares organizados a nivel internacional, las intervenciones militares no traen democracia ni derechos, sino más hambre, despojo, represión y dependencia. En el caso de Venezuela, esta agresión amenaza directamente la vida y los medios de subsistencia de comunidades campesinas, pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores rurales, profundizando la crisis alimentaria y debilitando aún más las capacidades locales de producción de alimentos.

La historia reciente demuestra que detrás de estas operaciones se encuentran intereses económicos ligados al control de recursos estratégicos, como la energía, la tierra, el agua y los sistemas agroalimentarios. La imposición de gobiernos tutelados desde el exterior abre la puerta a procesos de privatización, expansión del agronegocio, extractivismo y desmantelamiento de las políticas públicas que —con todas sus limitaciones— han buscado garantizar derechos sociales y soberanía alimentaria.

Desde Justicia Alimentaria nos sumamos al clamor de La Vía Campesina y de los movimientos populares del mundo para afirmar que:

– El pueblo venezolano tiene derecho a decidir su futuro sin injerencias externas, mediante procesos políticos propios, soberanos y participativos.
– Rechazamos el uso de la fuerza militar como herramienta de resolución de conflictos, así como las sanciones, bloqueos y medidas coercitivas que castigan directamente a la población civil.
– Exigimos garantías inmediatas de protección para la población civil, especialmente comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas, mujeres y niñas, históricamente las más afectadas por los conflictos armados Defendemos la soberanía alimentaria como un pilar fundamental de la autodeterminación de los pueblos, incompatible con ocupaciones militares, tutelajes políticos y modelos agroindustriales impuestos desde fuera.
– Denunciamos el papel de las potencias y las corporaciones transnacionales que utilizan las crisis políticas para avanzar en la apropiación de territorios, recursos naturales y sistemas alimentarios.
– Exigimos a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los gobiernos europeos que rompan su silencio y complicidad, condenen esta agresión y apuesten por soluciones políticas, pacíficas y respetuosas del derecho internacional.

La paz, la justicia social y el derecho a la alimentación no se construyen con ejércitos, sino con soberanía, democracia real y pueblos organizados.

Justicia Alimentaria