Justicia Alimentaria lamenta el ataque de la consejera andaluza «porque lo que es devastador no es la denuncia de las condiciones del sector agroindustrial de exportación, sino la vulneración de derechos laborales y humanos»

Justicia Alimentaria ha respondido hoy a las acusaciones de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, después de que pidiera la retirada de la campaña de la organización que documenta las situaciones de vulneración de derechos fundamentales en sectores vinculados a la agroalimentación con testimonios reales de trabajadores y trabajadoras. Crespo ha tildado la campaña de «devastadora» por ser «un ataque frontal sin ningún sentido» al sector estratégico de la agricultura en el Estado español, por lo que la respuesta de Justicia Alimentaria ha sido clara: «lo que es devastador no es nuestra denuncia, sino que se permita la vulneración de los derechos laborales y humanos en el sector agroalimentario», ha sentenciado el director de la organización, Javier Guzmán.

La campaña se basa en el informe «El ingrediente secreto. Explotación laboral en la alimentación española», que documenta las situaciones de vulneración de derechos fundamentales en tres grandes plataformas agroexportadoras alimentarias: el sector de las frutas y hortalizas, el sector cárnico y el de las conservas de pescado. En este informe, también se aborda la explotación laboral en las plataformas digitales de reparto, los riders y el food delivery. Además, desde el año 1987, la organización trabaja por la defensa de la pequeña agricultura y por un sistema alimentario justo y respetuoso con los derechos laborales y la dignidad de las personas. En este sentido, la organización lamenta que desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural no solo no se ponga el foco en acabar con esta situación, sino que, además, se ataque a una organización de la sociedad civil que está denunciado precisamente esta vulneración de derechos.

Los bajos costes laborales para asegurar la competitividad

El Estado español produce casi una cuarta parte de todas las frutas (no cítricas) y hortalizas de la Unión Europea. Es también el primer exportador europeo y el tercero a nivel mundial. La exportación de frutas y hortalizas frescas en 2021 fue de 13,4 millones de toneladas.

Para garantizar la competitividad de los productos agrícolas en los mercados globales, las empresas del sector, con el apoyo de las instituciones públicas, se han basado en la presión constante a la baja de los costes laborales. Además, las ETT son un actor clave para entender la contratación agroexportadora de mano de obra vulnerable. La contratación de mano de obra vulnerable y migrante es recurrente en la agroexportación. En la contratación en origen —mayoritaria en sectores como la fresa de Huelva—, las mujeres provienen de entornos empobrecidos: mujeres menores de 40 años, con hijos o hijas menores de 14 años a su cargo. Esto asegura que aguanten más vulneraciones de derechos y que regresen a sus países cuando finaliza el período de explotación. En este sentido, son frecuentes las denuncias de abusos sexuales y los incendios en los asentamientos de inmigrantes donde las personas migrantes viven en condiciones deplorables durante la temporada de recogida, ya que, a pesar de campañas agrícolas exitosas, durante todos estos años se han obviado por completo las condiciones de vida más básica de la mano de obra, como es un alojamiento digno.

De los contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras, el 32 % se da en el sector agrario. En Huelva representa el 89 % de los contratos a personas extranjeras; en Murcia, el 82 %; en Almería, el 62 %; en Lleida, el 51 %. Una parte está regularizada; otra parte, no.

El campo español, en el punto de mira a nivel internacional

No es la primera vez que se denuncia este tipo de situación. En 2020, el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, describió la realidad de los temporeros de la fresa de la provincia de Huelva de esta forma: viven «como animales» y «en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados». Y denunció que, mientras la industria recauda millones de euros, hay personas que viven en condiciones «deplorables».

Por otro lado, en verano de 2021, supermercados daneses suspendieron la compra de frutos rojos de Huelva por vulneración de derechos fundamentales en las empresas de sus proveedores. La decisión fue confirmada por Salling Group, Coop y Lidl a Danwatch, el prestigioso portal de investigación danés, que trasladó a las tres grandes cadenas el resultado de un trabajo de campo realizado durante varios meses, que se centraba en las violaciones de derechos fundamentales denunciadas por personas temporeras recolectoras de frutos rojos. Según aseguraba Danwatch, las fresas españolas que se vendían en SuperBrugsen, Irma, Føtex y Netto eran recolectadas por trabajadores y trabajadoras que diariamente eran sometidas a humillaciones y condiciones de trabajo que se califican de inhumanas, abusivas y, en muchos casos, ilegales.

Otro ejemplo es el de la organización internacional Women’s Link Worldwide, que este mes de junio pedía a la ONU que investigase de manera urgente las vulneraciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y trabajadores migrantes de la fresa en el Estado español. Asimismo, el Defensor del Pueblo ha denunciado la «situación de degradación» que viven los temporeros y temporeras que «con frecuencia se ven sometidos a condiciones laborales y de vida deplorables». Sus denuncias han sido recogidas por numerosos medios de comunicación, que también han emitido reportajes en el que múltiples testimonios dan cuenta de esta situación de precariedad laboral en el campo andaluz, como el reportaje «Los nuevos europeos» del programa Documentos TV, estrenado ayer mismo en RTVE.

«No solo lamentamos que este tipo de situaciones se produzcan. Lamentamos que haya denuncias a nivel internacional, pero que, cuando la denuncia nace dentro del propio país, lo único que se haga es pedir que se retire la campaña», comenta Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.

Hay que acabar con la precariedad y la vulneración de derechos

Para atajar la precariedad laboral en el sector agroalimentario español, es necesario, en primer lugar, prohibir la actuación de las empresas de trabajo temporal en los sectores económicos con alta tasa de empleo de colectivos vulnerables. Consecuentemente, también es necesario recuperar la exclusividad de la función pública como agencias de colocación y de gestión de los puestos de trabajo temporales.

Otra de las medidas que reclama la entidad es garantizar que la distribución de subsidios agrarios llegue a aquellos productores que respeten el medio ambiente y los derechos de las personas trabajadoras; reforzar la inspección de trabajo; mejorar los mecanismos de denuncia de los abusos de derechos; revisar y modificar el mecanismo de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), y la ratificación por parte del Estado español de los convenios laborales.

En paralelo, Justicia Alimentaria reclama una transformación del sistema alimentario, un nuevo contrato social agroalimentario basado en la alimentación saludable, justa y sostenible como un derecho humano.