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¡Que vivan los aranceles!

26 febrer, 2025

Artículo de opinión de Javier Guzmán, publicado de manera original en El Salto

Que Trump propugne aranceles no debe hacernos caer en la trampa de defender los intereses de los grandes oligopolios.

Estos días vivimos horas confusas después de que la nueva administración Trump haya cambiado las reglas del juego. Tanto, que vemos a organizaciones sociales y de izquierda defender postulados clásicos del más recalcitrante neoliberalismo, como es la desregulación y eliminación de los aranceles en los productos agrarios. Llevamos décadas defendiendo la salida de la alimentación de los tratados de libre comercio, de la OMC, y la necesidad de más regulación y protección. Que Trump propugne aranceles no debe hacernos caer en la trampa de defender los intereses de los grandes oligopolios.

Los oligopolios globales son los que, durante décadas, han presentado la política de libre comercio como una panacea para el desarrollo económico y la modernización del sector agrícola. Nada fuera de ese dogma era posible. Sin embargo, la realidad año tras año y dato tras dato se ha encargado de demostrar que los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la eliminación de aranceles han tenido consecuencias devastadoras para la pequeña y mediana agricultura, así como para la agricultura familiar. Mientras que las grandes corporaciones agroindustriales han expandido su dominio sobre el mercado global, millones de pequeños agricultores han visto sus medios de vida destruidos, obligándolos a abandonar sus tierras y sus modos de producción. En todos los países, también en el nuestro.

Los aranceles son una herramienta fundamental para garantizar la protección de la producción local frente a la competencia desleal de productos importados a precios artificialmente bajos.

No sólo los agricultores, sino también los consumidores, pues estos tratados han ido dirigidos a rebajar los estándares y controles que existen en Europa para la importación de productos agrícolas, y ahora la última tuerca es rebajar o eliminar directamente los estándares medioambientales.

Los aranceles son una herramienta fundamental para garantizar la protección de la producción local frente a la competencia desleal de productos importados a precios artificialmente bajos. Estas importaciones, muchas veces subsidiadas en sus países de origen, inundan los mercados locales, haciendo inviable la producción de alimentos por parte de los pequeños productores. Sin una barrera arancelaria efectiva, la agricultura a pequeña escala ha quedado a merced de las grandes multinacionales, que pueden imponer precios por debajo del coste de producción, destruyendo la soberanía a alimentaria y la diversidad agrícola.

Además del impacto económico, el libre comercio ha generado una crisis social y ambiental de gran magnitud. La desaparición de la agricultura familiar no solo ha provocado el éxodo rural y el vaciamiento de los pueblos, sino que también ha significado la pérdida de conocimientos tradicionales y de la biodiversidad. La imposición de monocultivos industriales y el uso intensivo de agroquímicos han llevado a la degradación del suelo, la contaminación del agua y la pérdida de semillas locales, aumentando la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios ante el cambio climático.

A esto ha apostado Europa y es a lo que quiere seguir jugando: a la creación de grandes polos agroexportadores. En el caso español, el cerdo, las fresas, cítricos, basado en el uso de recursos que no tenemos como el agua y basado en la explotación de mano de obra inmigrante. Todo por el mercado global alimentario que ha demostrado ser extremadamente frágil y peligroso.

En países como Francia y España, miles de explotaciones familiares han desaparecido en las últimas décadas debido a la competencia desigual.

En Europa, el impacto de la liberalización comercial ha sido particularmente grave. En países como Francia y España, miles de explotaciones familiares han desaparecido en las últimas décadas debido a la competencia desigual y la falta de apoyo gubernamental.

Los datos reflejan que, en las últimas dos décadas, la renta agraria en la Unión Europea ha disminuido en un 20%, mientras que los costes de producción han aumentado considerablemente. A su vez, la concentración de la tierra se ha acentuado, el 3 % de las explotaciones agrícolas controla ya más del 50% de la superficie cultivable, por no hablar del desembarco de los fondos de inversión. Esta desigualdad ha reducido la capacidad de los pequeños productores para competir y ha favorecido un modelo de agricultura intensiva que depende de grandes inversiones de capital y agroquímicos.

En este contexto, los aranceles no solo son una herramienta legítima, sino también una necesidad para garantizar la soberanía alimentaria. Y no sólo los aranceles, sino también la necesidad de provocar un cambio en la Política Agraria Común, y ponerla en otras claves que ponga el derecho a alimentación en el centro, la protección de producción local como fuente que permita fortalecer la economía rural, generar empleo digno y promover modelos agroecológicos sostenibles. Países que han mantenido barreras arancelarias han logrado preservar su capacidad de producción y abastecimiento interno, mientras que aquellos que han desmantelado estas políticas han visto cómo su sector agrícola se desmoronaba.

Hemos comprado el discurso neoliberal que estigmatiza cualquier cosa que suene a regulación pública. Un arancel es solamente una de las diversas medidas que buscan la protección.

El mito del libre comercio como motor de prosperidad ha sido desmontado por la experiencia de miles de personas agricultoras y consumidoras. Nuestra soberanía alimentaria no puede depender de las fluctuaciones del mercado global ni de los intereses de las multinacionales: debe ser defendida con políticas públicas firmes que prioricen el bienestar de las comunidades rurales y la preservación de los ecosistemas, y para eso necesitamos aranceles, y la intervención decidida de lo público en la alimentación.

Hemos comprado el discurso neoliberal que estigmatiza cualquier cosa que suene a regulación pública. Un arancel es solamente una de las diversas medidas que buscan la protección. Proteger es un verbo importante. Proteger el medio ambiente, proteger la economía local, proteger al campesinado familiar, proteger la alimentación agroecológica, proteger la salud alimentaria no son proclamas neofachas, son las reivindicaciones clásicas de la izquierda y para llevarlas a la práctica son necesarias herramientas de intervención en los mercados.