Torre Pacheco: el síntoma de un sistema agroexportador podrido

Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria

Publicado de manera original en El Salto Diario

Se podría hacer un mapa de la llamada conflictividad social migrante y coincidiría, casi matemáticamente, con el de los polos agroexportadores.

Los altercados recientes en Torre Pacheco no son una anécdota aislada, ni el resultado de una “crisis de convivencia” entre “culturas incompatibles”, como algunos quieren hacernos creer. Son la expresión de un sistema que lleva años podrido por dentro. Un sistema que se sostiene sobre la explotación sistemática de seres humanos, en su mayoría inmigrantes, al servicio de una agroindustria basada en producir alimentos baratos para exportar, a costa de todo lo demás: los derechos humanos, el medio ambiente, etc.

Se trata de otra de las externalidades causadas por este modelo de apostarlo todo a la agroexportación en la que llevamos las últimas décadas, pero no sólo se trata de Murcia y el Campo de Cartagena, sino que esta situación se repite en todos los polos agroexportadores, como en Almería dónde también existen recurrentes conatos de violencia. De hecho, se podría hacer un mapa de la llamada conflictividad social migrante y coincidiría, casi matemáticamente, con el de los polos agroexportadores.

El monocultivo agroexportador lleva en su interior una contradicción irresoluble: necesita explotación laboral para subsistir, pero no quiere los efectos ni las inversiones sociales que esta conlleva.

Torre Pacheco no es una excepción. Es uno de los epicentros de ese modelo agroalimentario que nos han vendido como moderno, competitivo y eficiente. Miles de hectáreas cubiertas de plástico, que esconden tras de sí una realidad invisible: jornaleros y jornaleras viviendo en condiciones indignas, trabajando a destajo, cobrando sueldos de miseria, sin papeles en muchas ocasiones, y con una absoluta desidida por parte de los gobiernos, incluso una connivencia culpable en permitir esta explotación y en evitar abordar políticas de integración en establecer políticas de integración e inclusión de estas personas y sus hijos. Y la primera de esas políticas es erradicar la explotación, pero claro, cómo se va a erradicar justamente esto… que es el ingrediente secreto de este tipo de agricultura, el bajo coste de mano de la mano de obra.

El monocultivo agroexportador lleva en su interior una contradicción irresoluble: necesita explotación laboral para subsistir, pero no quiere los efectos ni las inversiones sociales que esta conlleva. Quiere contratar seres incorpóreos al margen de los más básicos derechos humanos y laborales, pero lo único que encuentra cuando los va a buscar son personas.

El 30% de la mano de obra de la agricultura española son personas extranjeras. Ese porcentaje se eleva hasta el infinito en las zonas premium de la agroexportación. En Huelva trabajan en el campo el 89 % de las personas extranjeras contratadas, en Murcia, el 82 %, en Almería, el 62 %, en Lleida, el 51 %. Según el Servicio Regional de Empleo (SEF) y el propio Ayuntamiento, el 83% de los contratos laborales en Torre Pacheco se firman en el sector agrario. Se estima que hay 20.000 trabajadores y trabajadoras que se encontraban trabajando sin contrato y en condiciones de explotación laboral. La lista es infinita.

No se trata de una cuestión de una crisis de inmigración, se trata de una crisis de explotación y segregación de trabajadores y trabajadoras y su solución son derechos y derechos.A nadie le daba por rasgarse las vestiduras cuando leían esas noticias, ni por perseguir a los que explotan a miles de personas en campamentos por ejemplo en Huelva viviendo de manera infrahumana. Ni cuando en misiones internacionales diversas como fue la del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, a Huelva, que acabó declarando que las condiciones de vida que vio allí “rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”.

Es resumen, hemos permitido que exista a través del entramado legal, un mercado laboral diferenciado, con menos derechos que el resto de la población como base de una industria que no es viable y este es el problema y no otro. No se trata de una cuestión de una crisis de inmigración, se trata de una crisis de explotación y segregación de trabajadores y trabajadoras y su solución son derechos y derechos.