Ayudas públicas para el campo o regalo para el agronegocio

Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria

Publicado de manera original en ElSaltodiario

Cómo se diseñan esas ayudas, qué modelo están sosteniendo realmente y quién termina quedándose con el dinero público.

Cada vez que el campo entra en crisis, el discurso político se activa automáticamente. Ya ocurrió con la pandemia, con la guerra de Ucrania y vuelve a ocurrir ahora con la guerra en Irán y la amenaza sobre el mercado mundial de fertilizantes. El mensaje es siempre parecido: “hay que salvar al agricultor”, proteger al mundo rural y garantizar la producción de alimentos. Esta semana el Gobierno ha anunciado nuevas reducciones fiscales para agricultores y ganaderos afectados por adversidades climáticas, mientras en Bruselas se habla ya de ayudas urgentes para evitar que el encarecimiento de los fertilizantes golpee al sector agrario europeo. No es una ayuda cualquiera, hablamos de 2.000 millones de euros, que se unen a los 500 millones que el Estado dio en marzo por el mismo concepto: los fertilizantes sintéticos.

Y claro que hay que ayudar al campo. Sería absurdo decir lo contrario. El problema, como casi siempre, aparece cuando se analiza cómo se diseñan esas ayudas, qué modelo están sosteniendo realmente y quién termina quedándose con el dinero público.

Gran parte de las ayudas públicas terminan reforzando un modelo agroindustrial altamente concentrado, intensivo y profundamente dependiente de insumos fósiles

Porque detrás del relato romántico del campo existe una realidad mucho más incómoda: gran parte de las ayudas públicas terminan reforzando un modelo agroindustrial altamente concentrado, intensivo y profundamente dependiente de insumos fósiles, mientras la pequeña agricultura sigue desapareciendo en silencio.

El relato oficial sigue hablando del campo como si fuese una realidad homogénea, como si compartieran intereses un pequeño agricultor de secano, una explotación familiar, una cooperativa agroecológica y una gran agroexportadora que controla miles de hectáreas, consume millones de litros de agua y opera en mercados internacionales. Pero no los tienen.

Una pequeña minoría captura miles de millones de euros públicos mientras la mayoría de explotaciones recibe cantidades insuficientes incluso para garantizar su viabilidad

Y los datos lo demuestran. Según los análisis del FEGA sobre el reparto de la PAC, el 1% de los beneficiarios concentra cerca de una cuarta parte de todas las ayudas directas. Es decir, una pequeña minoría captura miles de millones de euros públicos mientras la mayoría de explotaciones recibe cantidades insuficientes incluso para garantizar su viabilidad. No es una anomalía. El sistema está diseñado así.

Porque las ayudas se reparten principalmente según superficie, volumen productivo o consumo de insumos. En resumen, no son progresivas, ni atienden a objetivos superiores de transformación, mejora etc. Quien más tierra tiene, quien más fertilizantes utiliza, quien más agua consume o quien más exporta, más dinero recibe. El resultado es evidente: el dinero público acaba reforzando precisamente el modelo más industrializado, más intensivo y más concentrado, aquel que nos ha traído a esta enorme crisis de la alimentación.

Por eso resulta tan engañoso presentar muchas de estas medidas como si fueran un rescate de la pequeña agricultura. Cuando se bonifica el gasóleo agrícola, el regadío intensivo o los fertilizantes químicos, quienes más se benefician no son quienes producen para mercados locales o mantienen sistemas diversificados de bajo impacto. Quienes más capturan esas ayudas son las grandes explotaciones intensivas y las cadenas agroexportadoras que dominan buena parte del sistema alimentario español.

Ahora presenciamos algo todavía más preocupante: la crisis geopolítica está sirviendo para desmontar incluso los tímidos intentos europeos de reducir la dependencia de fertilizantes químicos. Durante años, la Unión Europea reconoció que esta dependencia era un enorme problema estratégico. La estrategia “De la granja a la mesa” planteaba reducir un 20% el uso de fertilizantes para 2030 y avanzar hacia modelos más resilientes, menos dependientes del gas fósil y de importaciones extremadamente vulnerables, esto lo aprendimos en la pandemia, no podemos fiar nuestra alimentación a la geopolítica de turno, es un suicidio.

Porque conviene recordar algo que rara vez aparece en el debate público: los fertilizantes químicos no son simplemente un “input agrícola”. Son uno de los grandes pilares fósiles del sistema alimentario industrial. La producción de fertilizantes nitrogenados depende enormemente del gas natural y está ligada a cadenas globales extremadamente frágiles y concentradas.

La guerra en Oriente Próximo lo ha vuelto a demostrar. La amenaza sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz —por donde circula buena parte del comercio mundial de fertilizantes— ha disparado otra vez las alarmas en Europa. Y claro que garantizar fertilizantes a corto plazo puede ser necesario para evitar un colapso productivo. Pero el problema aparece cuando la única respuesta política consiste en garantizar suministro, abaratar costes y movilizar ayudas públicas sin reducir la dependencia estructural del sistema.

Porque entonces la crisis se convierte también en una oportunidad de negocio para las grandes multinacionales de fertilizantes y para un modelo agroindustrial incapaz de funcionar sin enormes cantidades de energía fósil, agua y química industrial.

Las multimillonarias ayudas al uso de fertilizantes sintéticos van mucho más allá del trasvase de dinero público a un sector en crisis. Supone un giro de 180º en las recientes políticas europeas que intentaban (muy tímidamente, pero lo hacían) transitar hacia un sistema alimentario más justo, saludable y menos contaminante.

Hace menos de dos años, la política europea abogaba por una reducción de, al menos, un 20% en el uso de fertilizantes sintéticos. Y eso no era porqué sí o por el malvado lobby ecologista, era porque las consecuencias del sobreuso descomunal que está haciendo la agricultura industrial de gran escala de estos compuestos químicos estaba generando graves problemas. Básicamente dos: una contaminación masiva de las aguas por nitratos y una emisión de gases de efecto invernadero inasumible.

Respecto al primero: según el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la contaminación de las aguas por fertilizantes nitrogenados es el principal problema de los acuíferos en España. El 37% de los acuíferos del Estado presentan un estado químico inaceptable a causa de ellos. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE dictó, en 2024, una sentencia condenatoria contra el Estado español por incumplimiento de la Directiva de Nitratos. Es más, aproximadamente un 20 % de la superficie de España ha sido designada zona vulnerable a la contaminación de nitratos y en algunas zonas como el País Valencià, el 80% del territorio es zona altamente contaminada por nitratos. Algo tendrá que ver que mientras en España, el consumo medio de fertilizante sintético ronda los 120 kg/ha, en el PV ascendía hasta más de 250 kg/ha.

La gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero en la agricultura son los fertilizantes. Son responsables de la emisión de 14,5 millones de toneladas de CO2 equivalentes

Otra consecuencia de la contaminación con nitratos es la eutrofización. Según datos de la UE, un tercio de las aguas dulces del Estado español están eutróficas o hipertróficas y casi la mitad de las masas de agua presentan un estado ecológico deficiente.

Respecto al tema de las emisiones: la gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero en la agricultura son los fertilizantes. Son responsables de la emisión de 14,5 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Es decir, prácticamente la mitad de las emisiones de todo el sector agrícola (el 45 %). De estas, más del 80 % son debidas a la fabricación y uso de los fertilizantes nitrogenados de síntesis que corresponden a la fabricación y el resto a su aplicación en los campos). Y estos es así porque el mismo proceso de fabricación de fertilizantes nitrogenados emite CO2 y N2O (es decir, las emisiones de GEI son un subproducto inevitable en la producción de fertilizantes sintéticos); por otro lado,la cantidad de energía necesaria para obtenerlos es descomunal. Entonces, a las emisiones inherentes a la fabricación hay que sumarles las correspondes al CO2 que se libera a partir de la energía necesaria en la producción.

Para hacernos una idea, fabricar un kg de fertilizante nitrogenado gasta la misma energía que una televisión encendida durante un mes. Si calculamos la energía necesaria para fabricar todo el fertilizante sintético usado en la agricultura española, vemos que se necesita la misma energía que utiliza una ciudad como Barcelona todo el año o el 45 % de la que utiliza Madrid. Contaminación y chimenea de gases de efecto invernadero, eso son los fertilizantes sintéticos actualmente en el Estado.

Consciente de ello, las administraciones europeas intentaron ajustar el desastre (plantear un cambio de modelo es inimaginable). La Comisión Europea aprobó en el año 2019 la estrategia “de la granja a la mesa” que puso como objetivo una disminución del 20 % en el uso de fertilizantes. Objetivo este poco ambicioso y lejos de lo que demandan expertos y organizaciones que sería del 50 % y que fue además aprobada en un momento, cuando el Pacto Verde parecía que iba en serio.

La idea era simple: reducir el uso de los fertilizantes sintéticos porque nos estamos cargando el medio ambiente y el clima (y detrás de ellos, nuestro modo de vida y alimentarnos). Ahora la idea es igual de simple: meter el turbo y usar más fertilizantes que nunca. Las consecuencias de este volantazo son imprevisibles. De momento, hay que desmontar la normativa que preservaba algunos derechos como la alimentación, el agua o el medio ambiente. Este Plan de Ayuda para usar más fertilizantes sintéticos conlleva llevar al desguace la directiva de nitratos, la de agua, la de residuos y la de neutralidad de carbono europea. Aunque eran medidas insuficientes e ineficaces para preservar nuestra agua y para no seguir poniendo patas arriba el clima, su demolición abre un horizonte altamente preocupante.

La derecha y la extrema derecha, junto con el agronegocio, han sabido jugar sus cartas como nadie. Han capturado el descontento agrario y lo han puesto a funcionar en sus claves. Tus problemas, les dicen, son las políticas verdes europeas. Han puesto una diana en ellas y han apuntado los tractores hacia allá. Las movilizaciones acaecidas en diversos países europeos han sido la excusa perfecta para una administración europea que estaba loca por la música: hay que cambiar el verde del medio ambiente por el verde del dinero en los bolsillos del agronegocio.

Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Allí donde antes se hablaba de transición agroecológica, reducción de insumos y autonomía campesina, hoy se habla sobre todo de asegurar fertilizantes “asequibles”, aumentar producción industrial y flexibilizar objetivos ambientales. La transición se aplaza. La dependencia se consolida.

Rara vez se cuestiona por qué hemos construido un modelo agrario tan dependiente de insumos externos, tan intensivo en agua y tan frágil frente a cualquier crisis internacional

Cuando suben los fertilizantes, ayudas públicas. Cuando sube la energía, ayudas públicas. Cuando llega la sequía, ayudas públicas. Pero rara vez se cuestiona por qué hemos construido un modelo agrario tan dependiente de insumos externos, tan intensivo en agua y tan frágil frente a cualquier crisis internacional.

Se podrían priorizar ayudas vinculadas al impacto social y ecológico y no únicamente al tamaño o al volumen de producción

Existen alternativas. Se podrían establecer límites máximos de ayudas por explotación para evitar que grandes empresas absorban millones de euros públicos. Se podrían priorizar ayudas vinculadas al impacto social y ecológico y no únicamente al tamaño o al volumen de producción. Se podrían destinar muchos más recursos a sistemas agrarios que reduzcan fertilizantes, regeneren suelos y aumenten la autonomía campesina, etc.

Pero para hacer eso habría que asumir algo políticamente incómodo: que no todos los actores del sistema alimentario cumplen la misma función social ni tienen los mismos intereses. Porque una pequeña explotación familiar que alimenta un territorio no es equivalente a una gran agroexportadora que convierte el agua, la tierra y las ayudas públicas en negocio financiero.

Y mientras sigamos metiendo a todos bajo la misma etiqueta romántica del “campo”, seguiremos utilizando el dinero público para consolidar un modelo cada vez más concentrado, más dependiente y más vulnerable.

El verdadero debate no es si hay que ayudar al campo. Claro que hay que hacerlo. El verdadero debate es si las ayudas públicas deben servir para rescatar indefinidamente a un modelo agroindustrial o si deben utilizarse para construir una transición agroecológica capaz de garantizar alimentos, territorio y soberanía alimentaria en un mundo cada vez más inestable.

Porque si cada guerra, cada crisis energética o cada sequía acaba resolviéndose con más dinero público para mantener intacta la dependencia, no estaremos solucionando el problema. Estaremos financiándolo.