Justicia Alimentaria solicita a la ministra de Trabajo abordar la prohibición de las ETT entre las medidas para atajar la precariedad laboral en el sector agroalimentario

• Justicia Alimentaria solicita una reunión con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para discutir las propuestas trasladadas en el día de hoy mediante una carta firmada también por Amigos de la Tierra, Central Unitaria de Traballadoras (CUT), Fruita amb Justícia Social, Sindicato Andaluz de Trabajadores/as- Sindicato Obreros del Campo (SOC-SAT) y Sindicato Labrego Galego.

• La prohibición de las ETT es la principal demanda de las seis organizaciones firmantes, que también reclaman vincular los fondos públicos como la PAC o los Next Generation al cumplimiento de los derechos laborales o incluir su vulneración como factor de exclusión a la hora de acceder a contratos de compras públicas alimentarias.

Justicia Alimentaria ha solicitado hoy una reunión a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para abordar formalmente las situaciones de precariedad y explotación laboral en el sector agroalimentario en España, denunciadas por la organización en su informe ‘El ingrediente secreto. La explotación laboral en la alimentación española‘, hecho público recientemente con la campaña ‘Exporta, explota, me expló‘.

La reunión se ha solicitado mediante una carta dirigida también a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado y firmada también por Amigos de la Tierra, Central Unitaria de Traballadoras (CUT), Fruita amb Justícia Social, Sindicato Andaluz de Trabajadores/as- Sindicato Obreros del Campo (SOC-SAT) y Sindicato Labrego Galego.

La carta expresa la profunda preocupación de las organizaciones firmantes por la situación de precariedad laboral en el sector alimentario, que afecta al proyecto vital de nuestra sociedad y que genera un daño colectivo por la vulneración sistemática de derechos laborales fundamentales “cuyas consecuencias son devastadoras”.

La prohibición de las ETT es la principal demanda de las seis organizaciones firmantes, que señalan a las Empresas de Trabajo Temporal como gestoras de la precariedad y fuentes de un daño económico, psicológico y físico para las personas trabajadoras. En este sentido, se propone revisar -y revertir- la privatización de los servicios de empleo.

Para un cumplimiento efectivo de los derechos laborales, plantean también a la ministra Yolanda Díaz el refuerzo de la Inspección de Trabajo con más recursos económicos y humanos, así como mejorar los mecanismos de denuncia de las situaciones de abusos laborales y endurecer las sanciones para evitar situaciones donde, a pesar de existir denuncia y sanción por parte de Inspección de Trabajo, “se continua actuando al margen de la legislación laboral”.

Además, reclaman vincular los fondos públicos como la PAC o los Next Generation al cumplimiento de los derechos laborales o incluir su vulneración como factor de exclusión a la hora de acceder a contratos de compras públicas alimentarias.

Por último, se propone revisar el mecanismo de contratación en origen –GECCO– para evitar la vulneración de derechos laborales, de salud y vivienda reiteradamente denunciada por asociaciones de personas trabajadoras del campo.