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Justicia Alimentaria reclama medidas urgentes para afrontar la subida del precio de los alimentos básicos

13 setembre, 2022

Tras la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social de limitar el precio de algunos productos básicos, Justicia Alimentaria reclama que se desarrollen de inmediato medidas públicas para afrontar la subida sin precedentes del precio de los alimentos y evitar que sean las empresas y distribuidoras alimentarias las que lideren dicha limitación. De hecho, algunas empresas ya han empezado a utilizar este tipo de medidas como meras estrategias de marketing para captar clientela y han empezado, por su parte, a ofertar cestas de alimentos a bajo precio sin tener en cuenta, por ejemplo, el criterio salud.

La alimentación es un derecho y la situación de emergencia alimentaria que está sufriendo buena parte de la población requiere de políticas públicas efectivas. Por esta razón, quien debe decidir qué productos son los básicos y adecuados para conseguir una dieta saludable, qué precios máximos deben tener, a través de qué mecanismos se va a articular, como se va a hacer la inspección y el seguimiento del cumplimiento de la norma, etc. no pueden ser los supermercados ni las grandes cadenas alimentarias. Es la administración pública quién debe tomar este tipo de decisiones, ya que el sector privado tiene sus propios intereses que no acostumbran a coincidir con los generales y menos aún con los de las clases populares. Se trata de una política pública de emergencia social y así debe ser tratada.

Tal y como demuestra el IPC[1]de julio de 2022 -Índice de Precios al Consumo-, la alimentación ha subido de media un 13,5 %, la cifra más alta conocida desde el comienzo de la serie calculada por el Instituto Nacional de Estadística, en enero de 1994. Y a pesar de que la cifra ya es muy elevada, algunos de los alimentos básicos han subido aún más, muy por encima de la media: el aceite de oliva, un 28,6 %, los cereales, un 20,4 % y los huevos o la leche un 22,5 %.

Además, otros productos habituales de la cesta de la compra como la carne de ave o el pan han subido un 16,3 % y un 14,7 % respectivamente, las frutas frescas un 15,1 %, las legumbres un 15,5 %, las patatas un 13,5 % y el pescado fresco o refrigerado, un 11,4 %. Según los últimos datos, con estos precios, cada persona gastará 200 euros más de media que el año pasado en la compra de esos mismos productos. Por contra, Justicia Alimentaria denuncia que los alimentos que menos han aumentado su precio son los más insanos. A la cola del incremento de la inflación está el azúcar, la comida preparada, los refrescos o la confitería.

Comprar lo mismo y doblar el presupuesto

Según datos del INE, la población destina, de media, el 17 % de sus ingresos en comprar comida, unos 380 euros mensuales, pero se trata de una cifra media. Si se analiza por quintiles de renta, las clases populares (los tres quintiles más bajos) la cifra es mucho mayor. Las clases populares gastan un 22 % de los ingresos en comprar comida, es decir, casi una cuarta parte de los ingresos totales. El rango de gasto varía de 250 euros mensuales en la clase con menos renta a 340 euros la segunda con menos renta. Comprar lo mismo, en estos casos, significa prácticamente doblar el presupuesto familiar en comida. Algo totalmente inasumible para la mayoría de familias y cuyo resultado es ya más que evidente: se compra mucha menos comida y de la más barata, es decir, la más insana.

Si a ello se le añade el precio de la vivienda, que supone entre un 37 % y un 44 % de la renda en función de si se pertenece al quintil 3, 2 o 1, el resultado es que dos de cada tres euros que entran en la economía familiar se destinan a la compra de alimentos y a tener un techo donde vivir. Asimismo, hay que tener en cuenta el contexto también de pobreza energética, la cual, se suma a la pobreza alimentaria y habitacional.

Para contener la emergencia: cuatro medidas urgentes.

Apenas hay diferencia fiscal entre el IVA de las frutas, legumbres o pescados y el de la bollería industrial o las bebidas azucaradas. Por lo que Justicia Alimentaria ya reclamó en 2019 aplicar una política fiscal alimentaria que redujera al 0% el IVA de los productos saludables para garantizar el acceso a una alimentación básica sana.

Tras la pandemia por COVID-19 en 2020, la guerra de Ucrania en 2022 y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas, la organización reclama urgentemente medidas orientadas a paliar la situación de la población más vulnerable. Por tanto, además de la aplicación del IVA 0 % a los alimentos básicos, Justicia Alimentaria propone otras cuatro medidas urgentes:

  1. Definir la cesta de la compra básica de alimentos frescos y limitar su precio.
  2. Ofrecer un bono social para la alimentación fresca para familias con menos renta.
  3. Vigilar la cadena alimentaria y sancionar en casos de abusos en los precios de alimentos básicos.
  4. Aumento en el presupuesto destinado a la compra pública de alimentos

Limitar el precio sin que lo pague el campesinado

Limitar el precio de los alimentos básicos no debe servir como excusa a la industria alimentaria o a la gran distribución para seguir asfixiando al campesinado y recortar aún más los precios a los que les pagan sus alimentos. Así pues, es importante que ninguna de estas medidas repercuta en la parte productiva de la cadena, es decir, en el campesinado que produce estos alimentos. Si se analiza el diferencial de precios entre el campo y los lineales del supermercado (el llamado IPOD), buena parte de las frutas y hortalizas multiplican por tres, cuatro o cinco veces su precio. Igual que las carnes, la leche o los huevos. La media es de un 4,5, es decir, los alimentos se incrementan 4,5 veces su precio desde el origen al destino.

[1] www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0722.pdf

 

*Foto de Sara Scarpa en Unsplash