Pesticidas y alimentación

Necesitamos cambiar drásticamente nuestro modelo de consumo y de producción agroalimentaria. Necesitamos cultivar alimentos con menos agua, usando mucha menos energía, fertilizantes y pesticidas que los que usamos hoy. Necesitamos recuperar la fertilidad de los suelos, barrida durante estos sesenta años de prácticas insostenibles. Y, ante todo, necesitamos que el gobierno español se comprometa en la defensa de la reducción de uso de pesticidas. Son acciones que hay que llevarlas a cabo ya, no mañana ni pasado mañana: ya mismo.

Si la transición se hubiera hecho cuando tocaba, nos podríamos ahorrar muchos de los problemas que vamos a tener que sufrir. Es perfectamente posible producir alimentos en la cantidad y calidad necesaria para alimentar a la población europea o del Estado español sin pesticidas. Es perfectamente posible prohibir los pesticidas químicos de síntesis, todos ellos. Es perfectamente posible, sí, pero eso significa cambiar el modelo industrial por el agroecológico. Necesitamos un cambio de paradigma y el nuevo marco tiene un título: Cero pesticidas.

Para desenmascarar con nombre y apellidos a los generadores de tanta pestilencia…

Los biocidas en realidad no nos engañan y hacen honor a su nombre: matan la vida, la biosfera de la que los seres humanos formamos parte. Hacen lo único que saben hacer: enfermar y matar. El problema no son ellos, el problema son sus creadores (la industria de los pesticidas) y las administraciones públicas que permiten que actúen con gran impunidad.

Las altas producciones de los sistemas agrícolas convencionales se han alcanzado diseñado todo un entramado falso en base a una mirada errónea, que divide a los pesticidas en tres grandes categorías: autorizados, no autorizados y prohibidos. ¿Por qué decimos que no es lo mismo una sustancia prohibida que una no autorizada? Básicamente porque las no autorizadas no se pueden utilizar en el momento actual, pero nada dice que eso se mantenga en el futuro. Rizando el rizo, la normativa concede autorizaciones excepcionales de 120 días para el uso de sustancias altamente tóxicas. Solamente en el año 2019, el Estado español dio su visto bueno a 33 solicitudes de excepción. La mayoría de ellas (76 %) fue para usos para los que no existe autorización; el resto (24 %) fue para permitir usar sustancias prohibidas. En 2022 y lo que llevamos de 2023, hasta el momento de redactar el presente informe (abril de 2023), el Estado español ha concedido 58 autorizaciones excepcionales.

HVM4EU – POLICY BRIEF

Para controlar los pesticidas existentes, los países de la Unión Europea están obligados a publicar anualmente el número de muestras de alimentos, qué pesticidas y en qué cantidad se han encontrado. Los últimos datos disponibles para el Estado español hacen referencia a los resultados del programa de vigilancia y control de residuos de plaguicidas en alimentos para el año 2020. Se tomaron 1543 muestras. Para hacernos una idea de si eso es mucho o poco, en el año 2014 se tomaron prácticamente el doble. A nivel de muestras per cápita, son 6 muestras por cada 100.000 habitantes. En Alemania se toman 23 por cada 100.000, en Francia 12 o en Italia 18. Siendo más claros: el Estado español es el país de la UE que menos muestras analiza per cápita.

Para conocer la lista negra con las 12 frutas y verduras más pestilentes…

Un hecho que no por conocido deja de ser denunciable es la exportación de pesticidas altamente peligrosos, externalizando la toxicidad sobre las personas y los países más vulnerables. Se ha constatado que cada vez se fabricaban y comercializaban más pesticidas peligrosos en el mundo y que la mayor parte de países que los recibían no tenían la capacidad para evaluarlos correctamente. Se trata de sustancias cuyo uso está prohibido en territorio europeo, pero no su fabricación. Ello permite que las empresas situadas en el Estado español y en la UE sigan fabricando sustancias prohibidas y las exporten a terceros países. Las administraciones involucradas no solamente lo permiten, sino que lo facilitan a través de la creación y mantenimiento de un sistema normativo ad hoc.

Según datos de la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), en 2020 se exportaron unas 667 000 toneladas de productos químicos peligrosos prohibidos o severamente restringidos en la UE. El mecanismo básico que facilita a las empresas producir pesticidas que están prohibidos en la UE y exportarlos a otros países se denomina Consentimiento Previo Informado (PIC, por sus siglas en inglés). Lo único que tienen que hacer pues es informar al país importador. Poniendo números a la barbarie, 4400 millones de euros de los más de 12 000 millones en ventas de pesticidas realizadas por las cinco principales empresas del sector provienen de las ventas de pesticidas muy peligrosos.

Las peticiones de Justicia Alimentaria al Estado Español parten de un marco inquebrantable: eliminación absoluta de pesticidas, acabar con la exportación de pesticidas y garantizar la transparencia y el acceso público a la información. Con estos tres ejes fundamentales, estas son nuestras peticiones:

1. En aplicación del principio de precaución, el Estado español debe ser un territorio libre de pesticidas sintéticos para el año 2035.
2. La posición española dentro de las negociaciones europeas para la aprobación del nuevo Reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios debe ser la de la completa eliminación del uso de los pesticidas más tóxicos y la reducción del 80% del uso del resto, considerados como menos tóxicos.
3. El Estado español aplicará estos mismos porcentajes dentro de su territorio y la línea base de reducción será la del último año, no una media histórica.
4. El Estado español elaborará un Plan Nacional de Acción que contenga los objetivos de reducción, cronograma y medidas concretas de reducción de pesticidas sintéticos.
5. Prohibir el uso de pesticidas químicos en todas las áreas sensibles, incluidas zonas cercanas a centros educativos o sanitarios.
6. Introducir un impuesto sobre pesticidas aplicando el principio de quien contamina más, paga más, tal y como se está haciendo en países como Dinamarca, Noruega, Suecia o Francia, que impulse a la reducción de su uso, así como el reembolso a las arcas públicas de parte de las numerosas externalidades que ocasionan.
7. Integrar las reducciones de uso de pesticidas y manejo agroecológico en la PAC, con objetivos e indicadores, y usar sus fondos para la transición.
8. Prohibir la exportación de pesticidas no autorizados, cumpliendo así con el Convenio de Rotterdam, así como con Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados, siguiendo el ejemplo de Francia.
9. Mejorar significativamente la transparencia y el acceso público en relación a los procesos de autorización, renovación, análisis de riesgos, resultados de los sistemas de control y vigilancia, detalle de las substancias exportadas y de los residuos de importación.