¿Qué está pasando? Una subida de precios descomunal
Nos encontramos en medio de una emergencia alimentaria.
El aumento del precio de los alimentos no es solo una consecuencia coyuntural de conflictos internacionales o crisis energéticas. Es el resultado de un sistema alimentario profundamente dependiente de los combustibles fósiles, de cadenas de suministro largas y de mercados cada vez más concentrados.
Hoy sabemos que gran parte de la producción agrícola industrial depende del gas natural. Los fertilizantes, el transporte y la distribución están directamente ligados a la energía fósil. Esto provoca que cualquier crisis energética o geopolítica tenga un impacto inmediato en el precio de los alimentos.
El resultado es claro: los precios suben, pero no para todos por igual.
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Además, los productos básicos y frescos son los que más se han encarecido: los huevos han subido un 93 %, las legumbres y hortalizas un 63,6 %, la fruta un 60 %, la leche un 53,7 % y las patatas un 51,5 %.
Esta subida contrasta con la evolución de los salarios medios, que han aumentado considerablemente menos. El resultado es una pérdida de poder adquisitivo que dificulta cada vez más el acceso a una alimentación saludable.
Si a esto le sumamos el coste de la vivienda, que puede alcanzar entre el 37 % y el 44 % de los ingresos, la consecuencia es clara: dos de cada tres euros de muchos hogares se destinan únicamente a comer y a tener un techo.
No estamos solo ante una subida de precios. Estamos ante una vulneración del derecho a la alimentación.
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Efectos sobre la salud
El incremento de precios de la alimentación básica tiene como efecto inmediato, la alteración de las dietas de la población basculándolas hacia opciones menos saludables pero más baratas. Ello implica un efecto directo sobre la salud. Todo ello no hace sino empujar, todavía más, a las clases populares a un incremento de enfermedades asociadas a las dietas insanas, ya de por sí, en cifras del todo inaceptables.
Así vemos como en los últimos 20 años, la dieta de los países occidentales ha cambiado mucho y el 70 % de lo que comemos son alimentos procesados con altas tasas de azúcares, grasas y sal.
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Una estimación del impacto económico de las enfermedades asociadas a una dieta insana nos ayuda a poner sobre la mesa la magnitud del problema: 20.000 millones de euros anuales, el 20 % del presupuesto destinado a sanidad.
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Reducción del consumo de alimentos
El encarecimiento de los alimentos está teniendo consecuencias directas en los hábitos de consumo de la población. Cada vez más hogares se ven obligados a reducir o modificar su cesta de la compra.
Entre 2019 y 2026, el consumo per cápita de pescado ha caído un 22 %, el de frutas frescas un 12,5 %, el de hortalizas y patatas un 14,5 % y el de carne un 7 %.
Además, más de la mitad de la población (52,5 %) afirma haber reducido el consumo de algún producto alimentario como consecuencia de la subida de precios.
Comemos menos y tenemos más dificultades para mantener una alimentación saludable.
El papel de los grandes actores de la cadena alimentaria
Esta crisis no puede explicarse únicamente por el aumento de costes.
El sistema alimentario actual está altamente concentrado y permite que determinados actores acumulen beneficios incluso en contextos de crisis.
Diversos estudios muestran que los beneficios empresariales han sido responsables de una parte muy significativa del aumento de los precios. Las grandes empresas han trasladado el incremento de costes al consumidor final, manteniendo o incluso aumentando sus márgenes.
Esto pone de manifiesto un problema estructural: la falta de regulación y control en la cadena alimentaria, así como la creciente financiarización de los alimentos, que los convierte en objeto de especulación.
Los datos más recientes muestran que los beneficios de la industria alimentaria y de las grandes cadenas de distribución han aumentado durante estos años. Entre 2019 y 2026, el margen de beneficio operativo del comercio minorista ha aumentado un 38,1 %. Además, el margen de ventas unitario alcanzó en 2026 un máximo histórico del 6,05 %.
Esto evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia sobre los márgenes comerciales a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Pobreza al alza
El acceso a la alimentación se está convirtiendo en un factor más de desigualdad.
En España, 13,1 millones de personas (un 27,8 % de la población) están en riesgo de pobreza o exclusión social. Casi una de cada tres personas.
Además, cerca del 45 % de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes.
La desigualdad sigue creciendo: el 20 % más rico de la población tiene una renta 6,2 veces superior al 20 % más pobre.
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¿Qué queremos conseguir?
Justicia Alimentaria reclama urgentemente medidas para contener la subida de precios en la alimentación:
1. Elaborar una cesta básica de alimentación saludable y limitar sus precios.
2. Transformar el Observatorio de Precios en un órgano de control y vigilancia en tiempo real.
3. Crear una red pública de infraestructuras alimentarias que actúe como contrapeso a las grandes cadenas privadas.
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– Transformar el actual Observatorio de precios en un órgano que control y vigilancia en tiempo real que detecte y sanciones las prácticas especulativas y los de abusos en los precios de alimentos básicos a lo largo de toda la cadena alimentaria, así como garantizar la transparencia de la información.
– Norma que limite y prohíba la práctica de la reduflación (es decir la cantidad de producto que se vende al consumidor manteniendo o incluso elevando, en algunos casos, su precio).
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4. Comedores universales y gratuitos.
Garantizar al menos una comida saludable al día para toda la infancia.
5. Protección social.
+ Saber más – Establecimiento de un bono social para familias con menos recursos, asegurando el acceso a alimentos básicos. – Gratuidad de los comedores escolares. - Saber menos
6. Inversión en infraestructura y distribución.
+ Saber más – Creación e implementación de un plan de infraestructuras públicas alimentarias que sirva para desplegar una red pública que actúe como contrapeso a los abusos comerciales de las cadenas alimentarias privadas y asegurar así una alimentación saludable para la población. Actuaciones como la recuperación e intervención de mercados municipales, la creación de supermercados públicos, la creación y ampliación de almacenes y centros de estocaje, mataderos municipales, obradores cooperativos y otros centros de transformación, etc. – Creación e implementación de un Plan nacional de seguridad alimentaria que asegure el suministro local de alimentos básicos en situaciones de alteración y volatilidad de las redes de suministro global, que incluya el establecimiento de reservas estratégicas de stock de alimentos básicos en el país. - Saber menos
+ Saber más – Limitar de manera estricta las posiciones especulativas sobre los alimentos de manera que, de facto, se eliminen las situaciones especulativas desmesuradas y de graves efectos negativos para la sociedad. – Eliminar herramientas financieras diseñadas específicamente para especular masivamente con los alimentos y que ha sido extensamente demostrada su negativa influencia sobre los mercados. – Excluir a los agentes comerciales con finalidad exclusivamente especulativa de los mercados financieros de alimentos. - Saber menos
8. Ayudas al sector agrario.
+ Saber más – Ayudas para la reducción de la dependencia de fertilizantes y pesticidas, así como para los sistemas alimentarios locales que sirvan para reforzar la resiliencia alimentaria del país. - Saber menos
Justicia Alimentaria recuerda que el aumento del precio de los alimentos no es una cuestión puntual ni coyuntural por la crisis como consecuencia de la guerra. Se trata de un fenómeno estructural sobre el que llevamos años alertando. Por ello, exigimos políticas públicas que, más allá de medidas reactivas, contemplen la alimentación como un derecho al que se debe acceder en condiciones justas, saludables y sostenibles.
Firma para reclamar al Gobierno medidas urgentes para contener la subida de precios en la alimentación y que se garantice el acceso a una alimentación saludable, justa y sostenible para todos.
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