Tope a los precios de la alimentación básica YA!

Campaña para limitar el precio de los alimentos básicos y saludables

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¿Qué está pasando? Una subida de precios descomunal

Nos hallamos inmersos en medio de una emergencia alimentaria de proporciones gigantescas.

Según el IPC de diciembre de 2022 -Índice de Precios al Consumo-, la alimentación ha subido de media un 15,7 %, la cifra más alta conocida desde el comienzo de la serie calculada por el Instituto Nacional de Estadística, en enero de 1994. Esto representa un incremento medio de más de 80 euros mensuales por hogar.

Aunque la media ya es una cifra mareante, algunos de los alimentos básicos han subido aún más, muy por encima de la media: los cereales, un 22,7 %, los huevos, un 29,8, la leche, un 37,2 , los productos lácteos, un 23,4,  las patatas, un 22,6, las legumbres y hortalizas frescas, un 12,3, o la fruta fresca, un 7,3 por ciento.

Además, otros productos habituales de la cesta de la compra como la carne de ave o el pan han subido un 15,1 y un 15,4 por ciento respectivamente, y el pescado fresco o refrigerado, un 8,1%, y productos igualmente básicos y, lo más importante, fundamentales en una dieta saludable, como las legumbres y hortalizas frescas, cuestan un 12,3 por ciento más.

La mayor subida de precios de los últimos 32 años.

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población destina, de media, el 17 % de sus ingresos en comprar comida, unos 380 euros anuales, pero se trata de una cifra media. Si miramos por quintiles de renta, las clases populares (los tres quintiles más bajos, o sea, la mayor parte de la población) la cosa es mucho peor. Las clases populares gastan un 22 % de los ingresos en comprar comida, es decir, casi una cuarta parte de los ingresos totales. El rango de gasto varía de 250 euros anuales en la clase con menos renta a 340 euros la segunda con menos renta. Si a ello le añadimos la vivienda, que supone entre un 37 % y un 44 % en función de si pertenecen al quintil 3, 2 o 1, la situación es que dos de cada tres euros que entran en los hogares se dedican a comer y a tener un techo donde vivir. 

Otra cuestión es qué se come y dónde se vive. Hay pobreza energética, pobreza habitacional, y pobreza alimentaria, y las tres combinadas son letales.

Un incremento del precio de los alimentos del 15,7 % significa, de facto, vulnerar el derecho a una alimentación saludable de buena parte de la población del Estado. 

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Efectos sobre la salud

El incremento de precios de la alimentación básica tiene como efecto inmediato, la alteración de las dietas de la población basculándolas hacia opciones menos saludables pero más baratas. Ello implica un efecto directo sobre la salud. Todo ello no hace sino empujar, todavía más, a las clases populares a un incremento de enfermedades asociadas a las dietas insanas, ya de por sí, en cifras del todo inaceptables.

Así vemos como en los últimos 20 años, la dieta de los países occidentales ha cambiado mucho y el 70 % de lo que comemos son alimentos procesados con altas tasas de azúcares, grasas y sal.

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Estos ingredientes provocan que, solo en el Estado español, un 40-55 % de las dolencias cardiovasculares, un 45 % de las diabetes y un 30-40 % de algunos cánceres, como los de estómago y colon, pueden atribuirse a la alimentación insana.

Una estimación del impacto económico de las enfermedades asociadas a una dieta insana nos ayuda a poner sobre la mesa la magnitud del problema: 20.000 millones de euros anuales, el 20 % del presupuesto destinado a sanidad.

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Reducción del consumo de alimentos

El resultado en el consumo alimentario es ya evidente. Según los últimos datos disponibles (octubre 2022, cuando todavía no habíamos llegado a las inasumibles cifras actuales), los hogares españoles redujeron, de media, el consumo de alimentos un 7,8 % respecto al mismo momento del año anterior. Comemos un 11 % menos de carne, un 17 % de pescado, un 12 % de frutas frescas, un 11,4 % de hortalizas y un 5 % menos de leche. El trasvase se está produciendo de alimentación fresca y saludable a la procesada insana.

A pesar de haber reducido drásticamente el consumo de alimentos, dado que cada vez son más caros, el gasto en alimentación ha aumentado un 3 %. Es decir, comemos casi un 8 % menos pero ese 8 % nos cuesta un 3 % más.

El papel de los supermercados

En medio de esta emergencia alimentaria, el gobierno español aprobó a finales de año la reducción del IVA de algunos alimentos básicos del 4 % al 0 %. Esta medida ha dejado al descubierto una realidad alarmante: los precios desorbitados de los alimentos están generando enromes cantidades de beneficios a las grandes cadenas de distribución de alimentos. 

Tal y como recogen diferentes estudios, la reducción del IVA fue ignorada por los grandes buena parte de los supermercados que solamente modificaban el precio cuando existía denuncia para un alimento en concreto. Es más, los precios finales (aún cuando el IVA realmente su hubiera reducido de manera correcta como exige la ley) han seguido disparados hacia el cielo.

Desde la reducción del IVA algunos productos como la leche, los huevos o el aceite, de los principales supermercados han visto aumentado su precio hasta un 60%.

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La entidad encargada de asegurar que la reducción del IVA se cumplía y que ello no se trasladaba al consumo es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Real Decreto aseguró, además, que se crearía un sistema de seguimiento, además de la propia CNMV, para supervisar y asegurar su cumplimiento. 

Los principales supermercados, por su parte, siguen obteniendo grandes beneficios a pesar del encarecimiento de las materias primas, la energía o el transporte y ello se está consiguiendo a partir del incremento de precios final que paga el consumidor por los alimentos. 

Así, por ejemplo, el pasado año, Mercadona obtuvo 680 millones de beneficio y Carrefour lo incrementó un 30 %. Recordemos que los tres grandes grupos empresariales son Mercadona con un 25 % del mercado, Carrefour con cerca de un 10 % y Lidl com un 6 %.

Y es que según diversos estudios, los beneficios empresariales explican la mayor parte del alza del IPC, en concreto, los beneficios empresariales serian responsables de hasta el 84 % del alza de los precios.

También el Banco de España ha constatado que los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios y certifica que las compañías han trasladado el encarecimiento de los costes a los precios de venta y así han mejorado o mantenido su rentabilidad.

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Pobreza al alza

En el año 2021 un total de 13,1 millones de personas (un 27,8% de la población española) están en riesgo de pobreza y exclusión social. Casi una de cada tres personas de este país. En el año 2019 eran 12,4 millones, un 20,7 % de la población. Y esta tasa es una media, se encuentran importantes diferencias en función del sexo, edad, nacionalidad, nivel educativo o tipo de hogar. 

Se constata que casi el 45 por ciento de la población tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. La desigualdad también ha aumentado. En 2021, la renta del 20 por ciento más rico de la población es 6,2 veces más elevada que el 20% más pobre.

Así en 2021 la renta del 20 % más rico de la población es 6,2 veces más elevada que el 20 % más pobre, incrementándose en 0,4 % la desigualdad del año anterior. 

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El índice Gini (que mide la desigualdad) indica que para el Estado español es 2,9 puntos superior a la media europea, situándose como el sexto país más desigual de Europa, superado solamente por Bulgaria, Letonia, Lituania, Portugal y Rumania.

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¿Qué queremos conseguir?

Justicia Alimentaria reclama urgentemente medidas para contener la subida de precios en la alimentación:

  1. Definir la cesta de la compra básica de alimentos frescos y limitar su precio.

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) definió hace poco el contenido de esta cesta básica, así como otras organizaciones entre las que destaca la de la Academia Española de Nutrición y Dietética, junto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Se trataría, por tanto, de asignar unos precios máximos de venta al público de estos alimentos de la misma manera que se ha hecho en otros productos y servicios (sanitarios, educativos, culturales, transporte, energía, etc.). 

Los alimentos son tan o más esenciales que los fármacos, el tren, el gas o los libros. Y el derecho a una alimentación adecuada es tan importante como el de la salud, la energía, el transporte o la cultura.

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2. Crear un bono social para la alimentación fresca para familias con menos renta.

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Este tipo de bonificaciones se han llevado ya en otros productos y servicios, como por ejemplo los carburantes.

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3. Establecer un sistema eficaz de control de los precios de la cadena alimentaria y sancionar en casos de abusos en los precios de alimentos básicos.

4. Crear infraestructuras de distribución alimentaria con apoyo público.

Además de políticas públicas que limiten el precio máximo de los alimentos básicos y de establecer medidas de control, se hace necesario desplegar una serie de infraestructuras públicas de distribución alimentaria.

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De la misma manera que en distintos ámbitos se ha impulsado la recuperación de la gestión pública de algunos servicios, como la energía, la banca o la vivienda, también aparece como necesaria, vista la situación actual de abuso y oligopolio por parte del sector privado de distribución alimentaria, la incorporación a la cartera de servicios públicos de la distribución alimentaria. Ello implicaría, por una parte, la reforma de los actuales mercados municipales (servicio ya público pero de gestión privada) y por otro la creación de supermercados públicos ya que se trata del formato de compra hegemónico en alimentación. 

De esta manera se contribuiría a asegurar el correcto cumplimiento del derecho a una alimentación saludable, una vez constatada la incapacidad del sector privado de dar una respuesta adecuada a ese derecho. 

De hecho, yendo más allá, los supermercados públicos no serían (ni deberían ser), la única infraestructura alimentaria pública. Es necesario repensar la red de distribución alimentaria y recuperar el control público de la misma. De la misma manera que hemos intentado mostrar que la privatización, de facto, de la gobernanza de los mercados municipales les incapacita para poder realizar su función pública, lo mismo ocurre con Mercabarna y su labor de distribución alimentaria de sistemas alimentarios social y ambientalmente diferentes a los convencionales hegemónicos.

Así, repensar la red de distribución alimentaria incluye el tema de la red de los hubs alimentarios o centros logísticos de barrio o distrito que apoyarían a dichos supermercados pero también a los centros educativos, sociosanitarios, comedores sociales, ya sus cocinas o necesidades alimentarias. Una vez desplegada esta red, los hubs municipales también servirían como plataformas de abastecimiento de las tiendas de barrio para facilitar y mejorar su oferta alimentaria basada en criterios sociales y ambientales.

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Justicia Alimentaria recuerda que el aumento del precio de los alimentos no es una cuestión puntual ni coyuntural por la crisis como consecuencia de la guerra en Ucrania. Se trata de un fenómeno estructural sobre el que llevamos años alertando. Por  ello, exigimos políticas públicas que, más allá de medidas reactivas, contemplen la alimentación como un derecho al que se debe acceder en condiciones justas, saludables y sostenibles.

Firma para reclamar al Gobierno medidas urgentes para contener la subida de precios en la alimentación y que se garantice el acceso a una alimentación saludable, justa y sostenible para todos. 
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