¿Qué está pasando?
Según el último IPC, la alimentación ha subido de media un 9,8%, aunque son los alimentos básicos los que han subido muy por encima de la media: el aceite de oliva, un 36,5%, las pastas alimenticias, un 27,9%, las harinas y otros cereales, un 25,5%, los huevos, un 25,3% o la leche entera, un 16,7%.
Además, otros productos habituales de la cesta de la compra como la carne de ave o el pan han subido un 13,6 y un 12,6 por ciento respectivamente, y el pescado fresco o refrigerado, un 11,7%, y productos igualmente básicos y, lo más importante, fundamentales en una dieta saludable, como el arroz, las legumbres y hortalizas, cuestan un 10 por ciento más. Según los últimos datos, con estos precios, cada persona gastará 200 euros más de media que el año pasado comprando los mismos productos.
¿Qué queremos conseguir?
Justicia Alimentaria ya reclamó en 2019 aplicar una política fiscal alimentaria que redujera al 0% el IVA de los productos saludables para garantizar el acceso a una alimentación básica sana para todas las personas, dado que apenas hay diferencia fiscal entre el IVA de las frutas, legumbres o pescados y el de la bollería industrial o las bebidas azucaradas.
Tras la pandemia por COVID-19 en 2020, la guerra de Ucrania en 2022 y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas, la situación es insostenible y obliga a a tomar decisiones de manera urgente para evitar que los altos precios afecten a la economía y a la salud de la población más vulnerable. Por ello, ahora reclamamos medidas para contener la subida de precios en la alimentación y el impacto en la salud y en la economía de la población más vulnerable, haciendo hincapié en la infancia y adolescencia, en las personas mayores y las familias de rentas bajas:
- Definir la cesta de la compra básica de alimentos frescos y limitar su precio.
- Ofrecer un bono social para la alimentación fresca para familias con menos renta.
- Vigilar la cadena alimentaria y sancionar en casos de abusos en los precios de alimentos básicos.
- Mantener durante las vacaciones de verano las becas de comedores escolares.
Justicia Alimentaria recuerda que el aumento del precio de los alimentos no es una cuestión puntual ni coyuntural por la crisis del COVID-19 ni tan siquiera la guerra en Ucrania. Se trata de un fenómeno estructural sobre el que llevamos años alertando. Por ello, exigimos políticas públicas que, más allá de medidas reactivas, contemplen la alimentación como un derecho al que se debe acceder en condiciones justas, saludables y sostenibles, para las personas y el planeta.
Firma para reclamar al Gobierno un avance firme hacia una fiscalidad alimentaria más justa en la que se abaraten los alimentos sanos, además de medidas contundentes que garanticen el acceso a una alimentación saludable, justa y sostenible.
Actúa ya
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