Manifestamos nuestra alta preocupación por la aprobación de la ley para «la protección de la vida y la familia» en Guatemala

Las organizaciones miembros del Foro de ONG’s Internacionales en Guatemala (FONGI),
en representación de 31 organizaciones de las sociedades civiles de Alemania, Bélgica,
Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza, así como
federaciones internacionales, expresamos nuestro rechazo a la forma como la iniciativa
5272, que ahora le corresponde el decreto 18–2022, niega la diversidad de familias
existentes en el país, criminaliza a las mujeres y los profesionales de las ciencias médicas,
niega la oportunidad de formación sexual para las nuevas generaciones y limita el derecho
a la orientación sexual, identidad y expresión de género a la población que habita en
Guatemala.

El Decreto 18–2022 aborda aspectos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha dictaminado que atentan contra el derecho a una familia indicando que “en el marco de
las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales
encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus
ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres
o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido
aceptadas por la sociedad. En este sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar al
avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas
formas de discriminación violatorias de los derechos humanos”.

Por otra parte, la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 1 y
47 se refiere a la protección de la vida y la familia en función del bien común; en el artículo
4 garantiza los derechos a la libertad y a la igualdad y en el número 46 establece el principio
general de que “en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados
y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.
Considerando la normativa existente, el FONGI hace ver que el Estado de Guatemala
cuenta con suficiente sustento legal para proteger la vida y la familia y que el Decreto 18–
2022 carece de un sentido de unidad y respeto pleno a los Derechos Humanos, por
criminalizar a las mujeres, niñas, médicos, población LGTBIQ+, desconocer todas las
formas de familia existentes, restringir el derecho a la educación y el respeto a la libertad
de culto y pensamiento.

Por ello el FONGI solicita:
• Al Estado de Guatemala honrar todos los compromisos que ha adquirido en materia
de derechos humanos en cada una de las instituciones que lo conforman,
incluyendo el Organismo Legislativo.

• A la Comunidad Internacional que esté atenta a este proceso, pronunciándose en
relación a las limitaciones de derechos que esta ley pueda implicar para la
ciudadanía guatemalteca y las implicaciones que tiene el incumplimiento del Estado
guatemalteco de sus compromisos internacionales en materia de derechos
humanos.

• Animamos a la ciudadanía guatemalteca a seguir construyendo y fortaleciendo los
lazos solidarios y a reconocer todas las formas de relacionarnos con las que se
conviven día a día, en el esfuerzo por la construcción de un país en donde todas las
personas podamos habitar en paz y sin ser violentadas por nuestras formas de vida
y creencias.