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Todo lo que debe hacer el Gobierno frente a la epidemia de obesidad infantil en España
2 septiembre, 2026

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La obesidad infantil no es un problema de niños que comen mal. Es un problema de políticas alimentarias. Menos culpar a las familias y más responsabilidad política y colectiva
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Junto a Miguel Ángel Royo-Bordonada, Olga Leralta Piñán, Eduardo Montero y Félix Fuentenebro, y desde Justicia Alimentaria, SESPAS, CEAPA, CECU y Médicos Mundi, hemos publicado en la Revista Española de Salud Pública el artículo ¿Qué puede hacer el Gobierno de España en materia de políticas alimentarias frente a la epidemia de obesidad infantil?
Este No es un artículo más. Frente a la idea de que la obesidad infantil se soluciona simplemente con “comer mejor” y hacer más ejercicio, planteamos algo mucho más incómodo: las decisiones individuales están condicionadas por el entorno alimentario creado y dominado por grandes empresas.
Nuestros niños y niñas están expuestos a una enorme presión comercial, a alimentos ultraprocesados baratos y omnipresentes y a una publicidad que sigue encontrando vías para llegar hasta ellos. Y las consecuencias no se distribuyen por igual. Los datos muestran que la mejora reciente de algunos indicadores se ha producido fundamentalmente entre las familias con mayores ingresos, mientras aumentan las desigualdades sociales en salud y empeora el resto.
Por eso, hay que plantear 4 medidas concretas inmediatamente:
1. Regular de verdad la publicidad de alimentos dirigida a menores.
2. Transformar los comedores escolares para garantizar una alimentación saludable y local.
3. Utilizar la fiscalidad para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos procesados y facilitar el acceso a alimentos saludables a las familias que más lo necesitan.
4. Implantar un etiquetado nutricional frontal interpretativo que permita tomar decisiones informadas.
Pero, sobre todo, defender una idea: si queremos proteger la salud de la infancia, no podemos dejar toda la responsabilidad en las familias. Necesitamos políticas públicas capaces de hacer que la opción saludable sea también la opción más fácil, accesible y asequible. Que este trabajo aparezca ahora en la Revista Española de Salud Pública es importante porque significa llevar este debate al ámbito de la salud pública, la evidencia científica y las políticas públicas. Y también porque demuestra que cuando organizaciones sociales, profesionales de la salud pública, consumidores, familias y entidades de cooperación trabajamos juntas, podemos construir propuestas mucho más sólidas para transformar nuestro sistema alimentario.
Este es el camino que desde Justicia Alimentaria seguiremos defendiendo: menos culpar a las familias y más responsabilidad política y colectiva.