‘El G7 y las limosnas para el hambre’. Por Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.

Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria

Publicado de manera original en Nuevatribuna.es

Estamos a pocos metros de una crisis alimentaria global. Una crisis, que según el G7 podría hacer que llegáramos este año a 950 millones de personas hambrientas. Para hacernos una idea, el ratio que ellos manejan es que cada subida del 1% en el precio de los alimentos se traduce en 10 millones de personas enviadas a la extrema pobreza.

Según el último informe de la FAO, en un año se ha incrementado en 40 millones las personas con inseguridad alimentaria aguda, la peor de las formas del hambre. Eso significa que cada día, durante el año 2021, 110.000 personas se han añadido a la macabra estadística.

Todos los países nos veremos afectados, sobre todo las clases populares, y principalmente y de una manera más rápida ya lo están haciendo los países del Cuerno de África y Sahel. Es por esto que los países reunidos la semana pasada en el G7 tenían la obligación y oportunidad de actuar. Pero no lo hicieron, más bien priorizaron salvar sus industrias, y a cambio dar un cheque de 5.000 millones de dólares para ayuda humanitaria.

Nuestro país no escapa del fenómeno. Según un último informe de la UB, más de 6 millones de personas no pueden acceder de forma regular a alimentos suficientes en calidad y cantidad. A ellas, hay que añadir los 2,5 millones de personas que han tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos, es decir: tienen hambre.

Es evidente que el actual sistema alimentario ha fracasado y lo ha hecho siguiendo los dictámenes de estos países y la OMC, que hace tres décadas impuso globalización de los mercados alimentarios, su volatilización, la pérdida de protección de nuestros sistemas alimentarios, y que como consecuencia nos arrastra a crisis alimentarias cíclicas. Crisis que nada tienen que ver con la disposición de alimentos, porque alimentos hay y de sobra.

La FAO en su informe indica claramente cuál es la causa de este nuevo golpe a los derechos humanos básicos: la enorme fragilidad de los sistemas alimentarios globales. Cualquier perturbación económica, social, política o climática, genera efectos gravísimos en la dieta de la población de todo el mundo. Y nuestro mundo es hiper vulnerable, cada vez más.

Es un clamor que necesitamos una transición a sistemas alimentarios más resilientes y locales, pero para el ahora, para el urgente hay un catálogo de medidas posibles que los gobiernos más ricos podían haber lanzado para aliviar la presión a la que está sometida las cadenas de suministro del grano básico.

Medidas que tienen que ver como disminuir drásticamente el uso de cereales para fabricar biodiesel, la intervención por parte de las autoridades bancarias de los países más ricos en los mercados especulatorios de los alimentos, la necesidad por parte de los estados de intervención en los precios de la canasta básica de alimentos, un plan de reducción de la cabaña ganadera en europea.

Pero no se engañen, el hambre es un hecho político, por eso, estos países allí reunidos decidieron no hacer nada, o mejor dicho seguir a lo de siempre, mantener mercados abiertos, exportar y exportar, proteger a sus multinacionales del agro… y pactar una limosna para los pobres del mundo. No podemos esperar soluciones de los mismos que nos han traído hasta aquí.

*Foto: Nuevatribuna.es