Justicia Alimentaria reclama una ley estatal de compra pública

Justicia Alimentaria reclama una ley estatal de compra pública alimentaria basada en criterios de justicia social y ambiental, que además promueva la economía local y preserve la salud.

Y para reafirmar dicha capacidad transformadora de la compra pública, ha elaborado el informe «La compra pública alimentaria en Europa» que recoge las experiencias en otros países europeos para visibilizar las opciones de compra pública de alimentos para servicios de la administración, como escuelas o centros sanitarios, que sean compatibles con un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. El estudio concluye que la compra pública española debería basarse en modelos como el de Francia o Finlandia.

Se trata de la primera vez que se analizan en detalle los distintos planes aprobados en el marco del Pacto Verde en materia alimentaria, como el Plan de Acción de Economía Circular o la estrategia Farm to Fork (De la granja a la mesa), y que plantea propuestas de cambios legislativos a nivel estatal y autonómico con el reto de impulsar la compra pública de alimentos.

Justicia Alimentaria reafirma con este informe la capacidad transformadora de la compra pública, que debería estar presente en todos los ámbitos: escolar, sanitario, social, etc., incorporando elementos climáticos, de género y de no explotación laboral, como ocurre en buena parte de los países de la UE.

Recomendaciones

El informe concluye que la compra pública alimentaria debe ser una herramienta para impulsar una transición agrícola basada en sistemas alimentarios locales, en una reducción significativa de las emisiones sectoriales, y también debe ayudar a acelerar la transición alimentaria basada en dietas más saludables, con menos carne y derivados y menos alimentos procesados, entre otros aspectos.

Además, la creación de una nueva CPA debería ser un proceso consensuado y participado. El ejemplo más reciente lo encontramos en Portugal. Desde hace un par de años, la administración portuguesa inició un proceso participativo extenso para construir conjuntamente el plan de CPA para que sirviera a la transición alimentaria, ambiental y climática.

Otra de las recomendaciones es la creación de una entidad pública que se encargue de coordinar, ejecutar e impulsar la nueva CPA. El informe destaca ejemplos interesantes de este tipo de entidades en Escocia, Finlandia, Noruega o Suecia, y que se encargan de elaborar las guías, recomendaciones, manuales, metodologías y ofrecer asesoramiento.

Necesidad de trabajar la no discriminación de la producción familiar y de pequeña escala 

En el diseño de la nueva CPA es necesario pensar e incluir mecanismos de no discriminación de este tipo de explotaciones y priorizarlas como proveedores. Varios países han explicitado ese riesgo de descriminación y han diseñado mecanismos para evitarlo. Es el caso de Alemania, Francia o Italia.

Criterios vinculados a la condicionalidad social y ambiental de la nueva PAC

En junio de 2021, el Consejo de la UE y la Comisión Europea alcanzaron un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Con la nueva PAC, se introducirán cambios en los sistemas actuales de condicionalidad y ecologización para reflejar objetivos medioambientales más ambiciosos y contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo. También se incorporarán, por primera vez, condiciones sociales y laborales.

Se abre, por tanto, una nueva herramienta para avanzar en una compra pública alimentaria más exigente en temas laborales, sociales, ambientales o climáticos, perfectamente cubierta a nivel legal.

Una oportunidad a todos los niveles

Según el estudio de Justicia Alimentaria, el Estado tiene la oportunidad, la necesidad y el deber de avanzar hacia una compra pública sana, justa y sostenible que, aprovechando las experiencias y marcos europeos existentes, le permita situarse como líder de este tipo de políticas, convirtiéndose en un modelo y un ejemplo para otros territorios o países.

De entre todos los modelos analizados, el francés podría ser, según el informe, un buen modelo para el Estado, teniendo en cuenta que debería adaptarse en función de las necesidades y realidad propias.

La norma debería afectar a la restauración pública: todo el sector educativo (incluidas las guarderías y las universidades), todo el sector sanitario y sociosanitario, los servicios penitenciarios, los servicios policiales, la restauración de la administración pública, etc., así como la restauración privada de los servicios de restauración escolar (incluidas guarderías y universidades), establecimientos sanitarios, sociales, médico-sociales y penitenciarios.