Justicia Alimentaria destapa las vergüenzas del lobby cárnico

Justicia Alimentaria presenta el informe «El poder en la sombra. Apuntes sobre el lobby cárnico» con el objetivo de desenmascarar la impunidad del lobby para influir en los poderes públicos según sus intereses y cambiar el marco mental de la sociedad respecto a la carne.

La investigación destapa su poder dentro de sociedades científicas, médicas y medios de comunicación, entre otros, para cambiar su modo de actuar y sus discursos, anteponiendo de esta forma los intereses de la industria a los de la salud pública. Estas prácticas de la industria buscan evitar, o al menos retrasar, los cambios en la opinión pública que permitirían acciones legislativas y regulatorias para reducir el consumo en la sociedad.

Empiezan a surgir regulaciones sobre la presencia de alimentos procesados en las escuelas; algunos países han decretado un nuevo etiquetado nutricional más simple y eficaz que el que impuso la industria alimentaria en 2011 en la Unión Europea; los hay que han empezado a regular la publicidad de alimentos insanos dirigida a la población infantil y también, en algún caso, se están empezando a implementar políticas fiscales contra algunos de estos alimentos. Medidas de este tipo no son nuevas, empezaron a desarrollarse hace ya más de cincuenta años, cuando comenzaron a conocerse los peligros del tabaco. La sociedad puede ejercer presión para que exista un paquete coherente y eficaz de políticas públicas que protejan la salud de la población. Sin embargo, todo esto podría tener un impacto considerable en la industria, ya que bajarían sus ventas y provocaría cambios directos en su forma de hacer negocios. No hay que olvidar que el principal interés de las corporaciones privadas es incrementar sus beneficios económicos para rentabilizar la inversión de sus accionistas, ante los que tienen que responder, aumentando el volumen de ventas y maximizando sus márgenes de beneficio. Si el producto comercializado es dañino para la salud pública, el dilema es irresoluble: o mejoran los beneficios de la industria o mejora la salud pública, las dos cosas son incompatibles.

Por tanto, el objetivo de la industria alimentaria es impedir o demorar la instauración de políticas de salud pública que afecten los intereses de las corporaciones privadas, promoviendo en su lugar cortinas de humo y mecanismos de autorregulación o medidas de carácter exclusivamente educativo.

En la investigación se explica cómo trabaja el lobby de la industria para lograr impedir este tipo de políticas con el aval científico y el aval de las Administraciones públicas a través de sus discursos, sus propuestas y sus productos; explica cómo bloquea las propuestas que inciden en las causas reales de la alimentación insana y se sustituyen por otras propias que actúan como cortina de humo pero no son efectivas; y finalmente, el informe detalla cómo el lobby busca unir su imagen a la salud y emitir el mensaje de que es un actor que se esfuerza al máximo para conseguir una alimentación sana, y por ello busca unir su imagen a la de instituciones de salud y actos deportivos, generar acuerdos voluntarios, sumarse a campañas sin efecto real, etc. También, a través de estudios científicos financiados por la propia industria, se pone en duda la relación causa-efecto del consumo excesivo de carne y las enfermedades, concluyendo cosas como que «la carne es un alimento saludable y necesario para llevar una vida saludable». O se utiliza otra táctica como la de atacar a la ciencia independiente y ofrecer la ciencia amiga de la industria que genera dudas a la sociedad, con frases del estilo:«no hay evidencia científica entre el consumo excesivo de carne y la enfermedad».

En la afirmación «la alimentación insana es un problema individual, de mala elección en la compra o en la comida», en ningún caso se señalan los aspectos socioeconómicos y estructurales que influyen en la dieta de las personas ni la falta de información objetiva a la que se enfrenta el consumidor o consumidora a la hora de comprar alimentos. Y otra idea importante que utiliza es que en ningún momento se otorga responsabilidad alguna a la publicidad o el marketing en los problemas de salud o el consumo de alimentos malsanos, sino que se culpabiliza a las familias al definirlas como «las principales responsables de la obesidad infantil».

Consumo de carne

Los datos sobre consumo son arrolladores: se come mucha, muchísima carne. En concreto, se come seis veces más carne de la necesaria, pero, además, se come diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada. Con respecto a la población infantil del Estado, come entre 3,5 y 4 veces más carne que el máximo recomendado; 3,5 veces más carne roja y entre el doble y el triple de procesada, con las consecuencias de salud que esto implica para la población infantil y adulta.

El volumen de consumo de productos cárnicos debe reducirse porque está afectando de manera muy negativa la salud poblacional. Una disminución del consumo significa una disminución de las ventas. Dicho de otro modo, cuantas más ventas, menos salud. Cuanta más salud, menos ventas.

La industria cárnica, un gigante

El poder del sector cárnico en el Estado español es muy grande, lo que significa que los intereses que están en juego son proporcionales a su magnitud. El Estado español es el tercer país del mundo productor de porcino (solamente por detrás de China y Estados Unidos) y dentro de la Unión Europea, desde 2015 supera a Alemania. Ahora bien, existe una diferencia muy significativa entre ambos: Alemania lleva años bajando su censo, mientras que en el Estado aumenta. Alemania se está planteando medidas para paliar la situación (con impuestos cárnicos, por ejemplo), mientras que en el Estado español se favorece a la industria todo lo que se puede a través de ayudas públicas y legislación blanda. En el Estado hay casi 30 millones de cerdos: un cerdo por cada persona mayor de 20 años. De nuevo, la diferencia con Alemania es mayor si lo comparamos con la población. El segundo país porcino de la Unión Europa tiene un cerdo por cada tres personas. El Estado español también es el tercer exportador de carne porcina del mundo, lo que significa que se exporta parte de la producción, pero los costes ambientales y sociales quedan todos en el territorio.