La alimentación escolar suspende el curso en los centros públicos de Andalucía

El nuevo pliego de contratación de comedores escolares publicado por la Junta de Andalucía perpetúa un mecanismo deficiente, que acumula críticas y sitúa a la comunidad andaluza en el primer puesto de privatización de este servicio.

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA) y la ONG Justicia Alimentaria lamentan que la publicación del concurso por el que se renovará la gestión de 1.445 comedores escolares públicos en toda Andalucía siga dejando el servicio en manos de grandes empresas, promoviendo la concentración, alejándose de las directrices sobre Compra Pública Verde de la Unión Europea y contradiciendo el propio manual de la Junta Andalucía Buenas prácticas para la compra de alimentos ecológicos, locales y de temporada de acuerdo a la economía circular y la prevención del despilfarro alimentario.

Las numerosas y constantes quejas y reivindicaciones que las familias llevan años trasladando a la administración han caído en saco roto. En Andalucía hay alrededor de 2.000 centros educativos públicos que ofrecen servicio de comedor a 210.500 menores. Solamente 490 de estos comedores escolares están gestionados directamente por la Junta de Andalucía, los 1.500 restantes han sido externalizados, es decir, están en manos de empresas privadas. El concurso recientemente publicado propone la renovación de contratos de la práctica totalidad de centros educativos de gestión externalizada, tiene un presupuesto de más de 140 millones de euros y se divide en 36 lotes provinciales.

El sistema de concurso con grandes lotes es, precisamente, uno de los principales motivos por los que el mecanismo de contratación pública veta a pequeñas y medianas empresas locales y favorece a grandes multinacionales. El manual de buenas prácticas, publicado por la propia Junta de Andalucía, recomienda “Licitar los contratos divididos en lotes de menor tamaño para que puedan concurrir a la licitación pequeñas y medianas empresas” aunque la Junta de Andalucía ha ignorado sus propias recomendaciones con el presente concurso, donde el 87% de los lotes incluyen a más de 10 centros educativos cada uno y, dentro de éstos, más de la mitad son lotes de más de 55 centros educativos cada uno, llegando incluso a haber lotes de 75 centros educativos, distribuidos por diversos municipios de una misma provincia, algo al alcance solo de grandes empresas.

De hecho, el panorama actual permite visualizar 19 empresas de catering ofreciendo servicio a los 1.500 comedores que funcionan mediante esta modalidad de gestión en Andalucía. De ellas, solamente 6 acaparan el 72% de la oferta y gestionan más de 100 millones de euros de fondos públicos. Ninguna de ellas es andaluza y 4 pertenecen a grupos multinacionales con capital en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. El sistema de trabajo de estas empresas es mediante cocinas centrales desde las que se distribuye la comida, refrigerada y envasada en barquetas de plástico, a cientos de kilómetros donde, al cabo de los días, se recalienta en esos mismos envases. La publicación del nuevo concurso podría haber sido una oportunidad para revertir esta situación, pero todo apunta a que la problemática va a perpetuar.

El resultado es una alimentación kilométrica y altamente contaminante -debido a la gran dependencia de plástico y combustible en su elaboración y distribución-, que no satisface a quienes la consumen -dada la escasa calidad tanto de la materia prima como del proceso de elaboración, refrigeración y recalentamiento- y que provoca un desperdicio alimentario inaceptable y muy alejado de las directrices europeas de Compra Pública Verde.

El sistema de transparencia y comunicación con las familias es otro asunto a debate. La mayoría de Asociaciones de Madres y Padres tienen verdaderas dificultades para poder mantener un mínimo diálogo con las empresas de catering, a pesar de que en los contratos está recogida la obligatoriedad de las empresas de mantener reuniones mensuales con dirección y AMPA “de seguimiento y evaluación del servicio” aspecto que se incumple de forma flagrante y reiterada. Por otra parte la Agencia Pública Andaluza de Educación, responsable de estos contratos recién publicados, no se reúne con CODAPA ni convoca su comisión técnica desde 2020, algo que ya trasladó esta entidad a la Consejera de Educación a inicios de curso sin cambio en la situación hasta la fecha.

CODAPA denuncia, además, el escaso seguimiento y control por parte del órgano contratante, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) dependiente de la Consejería de Educación. Durante el año 2023 solo se ha supervisado el correcto funcionamiento del 31% de los comedores escolares andaluces, a pesar de las quejas que acumulan la mayoría.

Por último, Andalucía no cuenta en la actualidad con un marco normativo específico que regule la alimentación escolar. CODAPA y Justicia Alimentaria piden la publicación del “Decreto por el que se garantiza la oferta alimentaria saludable y sostenible en centros docentes, sanitarios, sociales, sociosanitarios y dependencias del sector público radicado en Andalucía”, cuyo anteproyecto fue sometido a consulta pública en marzo de 2020 y cuyo último borrador se hizo público en 2022, sin existir hasta la fecha más información de cuándo se publicará esta Ley, tan necesaria para regular las políticas públicas alimentarias. A día de hoy, el único documento oficial que regula y evalúa la oferta alimentaria escolar es el Plan EVACOLE finalizado en 2023. Y sin constancia de su renovación a fecha de hoy. Dicho plan precisa de revisión y actualización del mismo, especialmente en cuanto a los mecanismos de seguimiento y sanción a las empresas.

La publicación del Decreto, la renovación del Plan EVACOLE, así como la publicación de los actuales pliegos de contratación, son oportunidades estupendas para mejorar en términos de salud, calidad y sostenibilidad la alimentación escolar en Andalucía, otorgando participación a las protagonistas de las misma, las familias. Sin embargo, la Junta de Andalucía prefiere ignorar esto y seguir dando pasos hacia atrás y en solitario. En definitiva, la Junta de Andalucía suspende la materia de alimentación escolar.