Reino Unido protege a su infancia mientras España sigue arrodillada ante la industria alimentaria

Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria

Publicado de manera original en ElSaltodiario

El Gobierno británico ha aprobado una de las regulaciones más ambiciosas contra la publicidad de comida basura. En España, seguimos atrapados en la autorregulación, las promesas incumplidas y el lobby de los ultraprocesados.

Desde enero de 2026, el Reino Unido ha puesto en marcha una medida que durante años fue considerada “radical” por la industria alimentaria, pero que hoy resulta simplemente coherente con la evidencia científica: la prohibición casi total de la publicidad de alimentos malsanos dirigida a niños y niñas.

La nueva normativa británica veta la publicidad de productos altos en grasas, azúcares y sal, en internet a cualquier hora y en televisión antes de las nueve de la noche. Es decir, cuando realmente alcanza a los menores. El propio Gobierno británico estima que esta regulación evitará decenas de miles de casos de obesidad infantil y eliminará miles de millones de calorías innecesarias de la dieta de la infancia cada año. Se podrá decir que las nueve de la noche no es una protección suficiente. En el Reino Unido puede que sí lo sea, en el caso de España la hora punta de visionado de televisión para la población infantil se sitúa entre esas nueve y las once de la noche. Aún así, la medida del Reino Unido es un gran paso adelante y debería ruborizar a más de uno de nuestros gobernantes.

Sabemos desde hace décadas que la publicidad alimentaria no es neutral. No informa, condiciona. No acompaña decisiones libres, las fabrica.

Nada de esto es fruto de la casualidad. Es el resultado de años de presión social, informes científicos incómodos y una decisión política clara: la salud pública está por encima del derecho de las multinacionales a vender cereales azucarados como si fueran juguetes. Sabemos desde hace décadas que la publicidad alimentaria no es neutral. No informa, condiciona. No acompaña decisiones libres, las fabrica. Especialmente cuando se dirige a niños y niñas, un colectivo sin capacidad crítica frente a estrategias diseñadas por departamentos de marketing con presupuestos millonarios.

La evidencia es abrumadora: mayor exposición a publicidad de ultraprocesados se traduce en mayor consumo, peores hábitos alimentarios y más riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. No hablamos de elecciones individuales, sino de entornos alimentarios tóxicos cuidadosamente diseñados.

Regular la publicidad no es censura, es pura prevención.

Y España, pues nada que ver, aquí autorregulación de las grandes empresas, parálisis y puertas giratorias. De hecho, no hace falta cruzar el canal de la Mancha, Galicia (gobierno del PP, recordemos) acaba de prohibir la venta y publicidad de las bebidas energéticas a menores por considerarlas un riesgo inaceptable para la salud.

Frente al avance británico o iniciativas como la gallega con las bebidas energéticas, el caso del gobierno español resulta difícil de justificar. Aquí seguimos confiando en el Código PAOS, un sistema de autorregulación voluntaria impulsado por la propia industria alimentaria. Un código que se incumple de forma sistemática y que ha demostrado ser incapaz de reducir la exposición de la infancia a anuncios de productos insanos.

Mientras tanto, los datos son demoledores: los niños y niñas en España reciben miles de impactos publicitarios al año de alimentos ultraprocesados. Bollería, bebidas azucaradas, snacks salados y productos que jamás deberían formar parte de la dieta habitual infantil siguen ocupando la mayor parte del espacio publicitario.

La obesidad infantil golpea con más fuerza a las familias con menos recursos, aquellas que viven en barrios saturados de comida barata y mala, donde la publicidad sustituye a las políticas públicas.

En 2022, se anunció un Real Decreto para poner fin a esta situación que fue vetado por el Ministerio de Agricultura. En 2023, se volvió a prometer. En 2025, se volvió a anunciar. Pero la norma sigue sin aprobarse, atrapada entre presiones empresariales, falta de valentía política y una preocupante normalización del conflicto de intereses.

La obesidad infantil golpea con más fuerza a las familias con menos recursos, aquellas que viven en barrios saturados de comida barata y mala, donde la publicidad sustituye a las políticas públicas. Permitir que la industria siga apuntando a la infancia es profundizar desigualdades sociales a través de la dieta.

Si el Gobierno quisiera realmente proteger a la infancia debe recuperar el decreto vetado y de una vez prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida a la infancia en todos los medios.

La Constitución Española obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia. La Ley de Seguridad Alimentaria lo permite. La evidencia científica lo exige. Lo único que falta es voluntad política. Si el Gobierno quisiera realmente proteger a la infancia debe recuperar el decreto vetado y de una vez prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida a la infancia en todos los medios, incluidos redes sociales y plataformas digitales.

El Reino Unido ha demostrado que regular es posible. Que enfrentarse a la industria no hunde la economía ni limita libertades fundamentales. Que proteger la salud infantil es una obligación democrática.

España, en cambio, sigue aplazando decisiones mientras normaliza que empresas que venden productos que enferman a nuestros hijos dicten las reglas del juego. No es un problema técnico. Es una elección política, y vamos tarde.