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Justicia Alimentaria propone medidas urgentes para garantizar el derecho a la alimentación ante la subida del precio de los alimentos

16 marzo, 2026

Reclamamos el control de precios, protección para las familias con menos recursos y medidas contra la especulación alimentaria.

El aumento del precio de los alimentos que estamos viviendo no es solo una consecuencia coyuntural de la guerra o de las tensiones geopolíticas actuales. Es también el reflejo de las profundas debilidades de un sistema alimentario global altamente dependiente de los combustibles fósiles, de cadenas de suministro largas y de mercados cada vez más concentrados. Cada crisis energética o conflicto internacional vuelve a demostrar hasta qué punto el sistema alimentario mundial está expuesto a shocks externos que terminan trasladándose al precio de la comida.

Hoy sabemos que buena parte de la producción agrícola industrial depende directamente del gas natural: aproximadamente la mitad de los alimentos del mundo se producen con fertilizantes nitrogenados fabricados a partir de gas, lo que hace que cualquier alteración en el suministro energético o en las rutas comerciales globales tenga un impacto inmediato en el coste de producir alimentos.

En este contexto de guerra, encarecimiento energético y tensiones en las cadenas de suministro, el precio de la alimentación vuelve a subir y las familias con menos recursos son las primeras en sufrir sus consecuencias. Pero esta crisis también pone de relieve que el problema no es solo la escasez: el planeta produce suficientes alimentos. Lo que falla es un sistema alimentario profundamente desigual, vulnerable a la especulación y diseñado más para maximizar beneficios que para garantizar el derecho a la alimentación.

Garantizar que todas las personas puedan acceder a alimentos básicos, saludables y asequibles debe ser una prioridad política. Para ello es necesario intervenir en toda la cadena alimentaria, proteger a los hogares más vulnerables, regular los mercados y fortalecer sistemas alimentarios más resilientes y menos dependientes de combustibles fósiles.

Ante esta situación, proponemos las siguientes medidas urgentes para hacer frente a la inflación alimentaria y asegurar el derecho a la alimentación.

1. Regulación de precios y control de la cadena alimentaria

– Limitación del precio de los alimentos básicos.

– Transformar el actual Observatorio de precios en un órgano que control y vigilancia en tiempo real que detecte y sanciones las prácticas especulativas y los de abusos en los precios de alimentos básicos a lo largo de toda la cadena alimentaria, así como garantizar la transparencia de la información.

– Norma que limite y prohíba la práctica de la reduflación (es decir la cantidad de producto que se vende al consumidor manteniendo o incluso elevando, en algunos casos, su precio).

2. Protección social

– Establecimiento de un bono social para familias con menos recursos, asegurando el acceso a alimentos básicos.

– Gratuidad de los comedores escolares.

3. Inversión en infraestructura y distribución

– Creación e implementación de un plan de infraestructuras públicas alimentarias que sirva para desplegar una red pública que actúe como contrapeso a los abusos comerciales de las cadenas alimentarias privadas y asegurar así una alimentación saludable para la población. Actuaciones como la recuperación e intervención de mercados municipales, la creación de supermercados públicos, la creación y ampliación de almacenes y centros de estocaje, mataderos municipales, obradores cooperativos y otros centros de transformación, etc.

– Creación e implementación de un Plan nacional de seguridad alimentaria que asegure el suministro local de alimentos básicos en situaciones de alteración y volatilidad de las redes de suministro global, que incluya el establecimiento de reservas estratégicas de stock de alimentos básicos en el país.

4. Prohibición de la especulación alimentaria en los mercados bursátiles

– Limitar de manera estricta las posiciones especulativas sobre los alimentos de manera que, de facto, se eliminen las situaciones especulativas desmesuradas y de graves efectos negativos para la sociedad.

– Eliminar herramientas financieras diseñadas específicamente para especular masivamente con los alimentos y que ha sido extensamente demostrada su negativa influencia sobre los mercados.

– Excluir a los agentes comerciales con finalidad exclusivamente especulativa de los mercados financieros de alimentos.

5. Ayudas al sector agrario

– Ayudas para la reducción de la dependencia de fertilizantes y pesticidas, así como para los sistemas alimentarios locales que sirvan para reforzar la resiliencia alimentaria del país.