Justicia Alimentaria pide actuar de urgencia ante la «subida insostenible» de los precios de los alimentos.
22 junio, 2022
Justicia Alimentaria reclama medidas urgentes para afrontar de inmediato la subida sin precedentes del precio de los alimentos básicos. «La situación es insostenible y obliga a a tomar decisiones de manera urgente para evitar que los altos precios afecten a la economía y a la salud de la población más vulnerable«, manifiesta el director de la organización, Javier Guzmán.
Según el IPC de mayo de 2022 -Índice de Precios al Consumo-, la alimentación ha subido de media un 9,8%, aunque son los alimentos básicos los que han subido muy por encima de la media: el aceite de oliva, un 36,5%, las pastas alimenticias, un 27,9%, las harinas y otros cereales, un 25,5%, los huevos, un 25,3% o la leche entera, un 16,7%.
Además, otros productos habituales de la cesta de la compra como la carne de ave o el pan han subido un 13,6 y un 12,6 por ciento respectivamente, y el pescado fresco o refrigerado, un 11,7%, y productos igualmente básicos y, lo más importante, fundamentales en una dieta saludable, como el arroz, las legumbres y hortalizas, cuestan un 10 por ciento más. Según los últimos datos, con estos precios, cada persona gastará 200 euros más de media que el año pasado comprando los mismos productos.
Por contra, los alimentos que menos han subido son los más insanos. A la cola del incremento de la inflación está el azúcar y la comida preparada, que solo sube un 5,8%, un 5% los refrescos o un 4,5% la confitería.
«Estos datos ponen sobre la mesa una realidad incontestable, y es que comer más o menos saludable es hoy entre un 10 y un 36 por ciento más caro que hace un año«. Esta situación y el riesgo para la salud alimentaria de todos, añade Guzmán, exige «medidas urgentes que ayuden a las familias y población más vulnerable a alimentarse de manera saludable sin poner en riesgo su salud ni su economía«.
Justicia Alimentaria ya reclamó en 2019 aplicar una política fiscal alimentaria que redujera al 0% el IVA de los productos saludables para garantizar el acceso a una alimentación básica sana para todas las personas, dado que apenas hay diferencia fiscal entre el IVA de las frutas, legumbres o pescados y el de la bollería industrial o las bebidas azucaradas.
Tras la pandemia por COVID-19 en 2020, la guerra de Ucrania en 2022 y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas, Justicia Alimentaria reclama urgentemente medidas para contener la subida de precios en la alimentación y el impacto en la salud y en la economía de la población más vulnerable, haciendo hincapié en la infancia y adolescencia, en las personas mayores y las familias de rentas bajas. Por tanto, a la aplicación del IVA Cero a los alimentos básicos, Justicia Alimentaria propone otras cuatro medidas urgentes:
- Definir la cesta de la compra básica de alimentos frescos y limitar su precio.
- Ofrecer un bono social para la alimentación fresca para familias con menos renta.
- Vigilar la cadena alimentaria y sancionar en casos de abusos en los precios de alimentos básicos.
- Mantener durante las vacaciones de verano las becas de comedores escolares.
En los últimos 20 años, la dieta de los países occidentales ha cambiado mucho y el 70% de lo que comemos son alimentos procesados con altas tasas de azúcares, grasas y sal. Estos ingredientes provocan que, solo en el Estado español, un 40-55% de las dolencias cardiovasculares, un 45% de las diabetes y un 30-40% de algunos cánceres, como los de estómago y colon, pueden atribuirse a la alimentación insana. Una estimación del impacto económico de las enfermedades asociadas a una dieta insana nos ayuda a poner sobre la mesa la magnitud del problema: 20.000 millones de euros anuales, el 20% del presupuesto destinado a sanidad.
La alimentación, un derecho
Justicia Alimentaria recuerda, además, que el aumento del precio de los alimentos no es una cuestión puntual ni coyuntural por la crisis del COVID-19 ni tan siquiera la guerra en Ucrania. «Se trata de un fenómeno estructural sobre el que llevamos años alertando«, manifiestan.
«Nuestra alimentación se basa en las energías fósiles, métodos de producción altamente demandantes de energía que van desde los fertilizantes sintéticos o los plaguicidas hasta la mecanización y un comercio internacional desbocado«. Por todo ello, exigen políticas públicas que, más allá de medidas reactivas, contemplen la alimentación como un derecho fundamental al que se acceda en condiciones justas, saludables y sostenibles, para las personas y el planeta.
Firmas
Ante esta situación, Justicia Alimentaria ha impulsado una campaña de recogida de firmas para reclamar al Gobierno un avance firme hacia una fiscalidad alimentaria más justa en la que se abaraten los alimentos sanos, además de medidas contundentes que garanticen el acceso a una alimentación saludable, justa y sostenible.
