El Gobierno debe prohibir las autocertificaciones alimentarias de las empresas

Desde hace ya un tiempo, diferentes organizaciones estamos denunciando las sofisticadas e infames prácticas de la industria alimentaria que utilizan sellos, autocertificaciones, alegaciones de salud, medioambientales, y sociales en sus estrategias de comunicación.

Esta semana pasada por fin hemos tenido una buena noticia, ya que el Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva directiva que tiene como objetivo erradicar, las ya mencionadas prácticas de greenwashing o ecoblanqueamiento o blanqueo ecológico.

Una noticia que en el tema alimentario tiene una especial relevancia, tanto en lo que refiere a las alegaciones como en el uso de los famosos “sellos”, que ha sido la punta de lanza de la industria alimentaria.

Los productos de esta industria en numerosas ocasiones se han convertido en una grave amenaza desde el punto de vista de la salud pública, por el aumento de consumo de alimentos ultraprocesados y también desde el punto de vista climático y el de respeto a los derechos laborales cuando no directamente derechos humanos. Además, en este momento, las personas consumidoras cada vez tenemos más conciencia y nos importa saber que hay detrás de aquello que estamos comiendo. Estudios recientes indican que el 56% de las personas buscan información de los productos de alimentación por internet y en redes sociales, al 51% le influye mucho la transparencia en el etiquetado y el 80% compra en función de otros valores más allá de la calidad o el precio. Y, para solucionar este dilema, ¿las empresas han decidido cambiar sus prácticas y adecuarlas a estas nuevas demandas sociales? Más bien, no. Lo que se ha hecho ha sido emprender una estrategia o baile de disfraces, dónde todo es verde y sostenible.

Los sellos corporativos han sido diseñados y controlados por la propia industria y hasta ahora en nuestro país han tenido barra libre. De tal manera que somos testigos de cómo empresas del sector cárnico han creado su propio sello de bienestar animal, o empresas que utilizan uno de los cientos de sellos climáticos que existen.

Esto es lo que la directiva propone prohibir, tanto las alegaciones no debidamente demostradas, como la de exhibir etiquetas de sostenibilidad que no estén basadas en un sistema de certificación o que no hayan sido establecida por las autoridades públicas.

El Estado español cuenta con dos años para trasponer esta directiva europea, pero lo que pedimos al Ministerio de Consumo es que no espere hasta el final, sino que ya, de manera urgente, prohíba todas las etiquetas, sellos y certificaciones que no cuenten con el aval de una autoridad pública. No hay más excusas, este engaño debe parar ya.