Justicia Alimentaria celebra que se haya abierto el debate sobre la reducción del consumo de carne y pide medidas políticas efectivas

Tras las declaraciones de esta semana del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, recomendando una reducción del consumo de carne Justicia Alimentaria pide al Gobierno que no se quede solo en recomendaciones individuales y que legisle al respecto. El debate abierto por el Ministro Garzón no es nuevo y es totalmente necesario, ya que reducir el consumo de carne es parte de la solucióna muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, de salud y de emergencia climática. La Organización Mundial de la Salud lleva años alertando de esta situación y reclamando a los gobiernos medidas efectivas y reales, por lo que considera que las declaraciones del Presidente del Gobierno en torno a esta polémica no son solo desafortunadas sino que demuestran que el lobby cárnico tiene un enorme poder.

La organización, que hace un par de años sacó a la luz el informe «Carne de cañón. Por qué comemos tanta carne y como nos enferma»  considera imprescindible alertar de la insostenibilidad del sector cárnico, visibilizar el consumo excesivo de carne -sobre todo la carne ‘low cost’ y derivados- y denunciar sus efectos en la salud. La alimentación insana es uno de los factores que más incide en la salud de la población española, a una distancia considerable de otros como el tabaco, el alcohol o las drogas. Y dentro de la categoría de riesgo alimentario, el más importante es el cárnico. En concreto, el 60% de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana puede atribuirse al consumo excesivo de carne. Y es que la carne es la fuente principal de grasas saturadas y sal, dos de los tres ingredientes junto con el azúcar, más involucrados a la hora de contraer este tipo de enfermedades. De hecho, según el informe cada año mueren en el Estado español más de 34.500 personas debido al consumo excesivo de carne y derivados.

Según el propio informe, el consumo excesivo de carne procesada conlleva un riesgo de un 50,4% más de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular, pero la cosa no acaba aquí. El incremento del riesgo de sufrir diabetes por un consumo excesivo de carne procesada es de un 22,8%, y de un 21,6% en el caso del cáncer colorrectal. Por todo ello, en el Estado habría 270.000 personas menos con enfermedades cardiovasculares si el consumo de carnes procesadas fuera el recomendado; 1,8 millones de personas menos con diabetes y cada año se podrían evitar 17.500 casos de cáncer colorrectal y 8.200 defunciones por cáncer colorrectal si no se superara la cantidad máximo de carne recomendada.

El informe, además, entra en detalle en el análisis de los factores que influyen a la hora de enfermar debido al consumo excesivo de carne. En buena parte, se atribuye al procesado de la carne a través de aditivos que si bien la industria cárnica ha encontrado los vacíos legales para incorporarlos como ingredientes en los productos que comercializa, un consumo excesivo puede acarrear graves problemas de salud. En concreto, más allá de las grasas insalubres, proteínas en exceso y sal que llevan incorporados algunos productos cárnicos, algunos también llevan una serie de sustancias carcinógenas, según constata la comunidad científica desde hace décadas y que periódicamente generan una cierta alarma entre la población, pero que rápidamente es contrarrestada por la industria cárnica, con la complicidad de administraciones e incluso sociedades médicas que se prestan a hacerle el juego al sector.

En España se come ocho veces más carne procesada de la máxima recomendada

Actualmente en España se come ocho veces más carne procesada de la máxima recomendada, y en el caso de la población infantil, entre 3,5 y 4 veces más carne que el máximo recomendado por las autoridades médicas y por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Precisamente en referencia a la carne procesada, el informe también entra en el análisis del etiquetado confuso de productos cárnicos procesados que contienen ingredientes insanos y que se presentan en los supermercados como si se tratara de carne fresca y sin ingredientes añadidos. Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria puntualiza:“no se trata de criticar la carne y dejar de comerla. Lo que denunciamos es el tipo de producción actual y su consumo desmedido”.

El consumo excesivo de carne también tiene efecto en el gasto público sanitario en el Estado español. En concreto, el gasto en salud pública relacionada con las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne en el Estado asciende a 7.400 millones de euros, entre costes directos e indirectos. Esto supone un gasto por persona de 157 euros por año, que equivale al 13% del total del gasto sanitario público por habitante.

Medidas políticas efectivas

Desde el lanzamiento de la campaña en 2019 que Justicia Alimentaria reclama una serie de propuestas de regulación de políticas públicas, tanto relacionadas con el consumo de carne como con la producción y el medio ambiente. Entre otras cosas, se pide la aprobación de un impuesto sobre el precio de los productos cárnicos procesados, orientado tanto a la reducción de su consumo como a la internalización de los costes que genera al sistema público de salud. También la prohibición del uso de nitritos por parte de la industria cárnica, dada su demostrada participación en la generación de sustancias cancerígenas, la prohibición del establecimiento de «megagranjas» y reducción de los tamaños de las granjas existentes para que sean realmente efectivas a nivel medioambiental, la eliminación de las carnes procesadas y reducción de las carnes rojas en los menús escolares o la prohibición de la publicidad de carnes procesadas con perfiles nutricionales insanos dirigida al público infantil; entre otras.

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Territorio: Estado Español