La Generalitat Valenciana nombra directora general de Producción Agrícola y Ganadera a Leticia Sanchiz, directiva de un grupo empresarial sancionado por vertidos de purines

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, formada por más de 70 colectivos vecinales y organizaciones, ha denunciado que el pasado 5 de septiembre, el Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana aprobó el nombramiento de Leticia Sanchiz como Directora General de Producción Agrícola y Ganadera. Como refleja la web del Grupo Sanchiz y su propio perfil profesional en LinkedIn, la nueva directora general pertenece a la segunda generación de la familia propietaria del Grupo Sanchiz y forma parte de su equipo directivo.

A día 7 de septiembre Leticia Sanchiz aparecía con más de 30 cargos activos en diferentes sociedades del grupo Sanchiz, la mayoría domiciliadas en las provincias de Albacete y Valencia y dedicadas principalmente a la actividad ganadera, gestión de residuos, plantas de biogás y fotovoltaicas, según la información pública recogida en el Registro Mercantil.

Sanción por vertidos de purines

La Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha sancionó en julio de 2020 a la sociedad Granja de Ves S.L., filial del Grupo Sanchiz, con 3.000 euros por una falta grave al verter los purines en parcelas cercanas a su macrogranja de Balsa de Ves (Albacete). La sanción acredita “alta dosis de aplicación de purines, que puede ocasionar contaminación por nitratos, produciendo encharcamientos en las parcelas”. El nivel de vertido de purines fue tal que los agentes medioambientales confirmaron que “el lugar se encontraba encharcado a pesar de haber transcurrido 25 días sin llover en la zona”, según el expediente sancionador.

La empresa sancionada interpuso recurso contencioso-administrativo contra esta sanción, que fue desestimado en 2021 por el Juzgado Contencioso Administrativo de Albacete, cuya sentencia confirmó la sanción.

Instalaciones controvertidas

Varias actividades llevadas a cabo por filiales del grupo Sanchiz han levantado controversias. Por ejemplo, la contestación social que ha tenido la macrogranja de su filial D.I.A.G. (División de inversiones agrícolas y ganaderas S.L.) en el término municipal de Ayora, Valencia. Según alertaron en enero 2022 los vecinos que conforman la Plataforma Contra la Macrogranja de Ayora la ampliación a 7.200 cerdos “estaba  llena de irregularidades” ya que la empresa promotora recibió una subvención de 230.000 euros de la Generalitat Valenciana incluso antes de contar con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

En Balsa de Ves, la macrogranja de madres reproductoras de otra de sus filiales, Granja de Ves S.L., instaló una incineradora de cadáveres y una planta de biogás a través de modificaciones no sustanciales del proyecto inicial, lo cual le ha permitido acelerar los plazos y simplificar al mínimo las exigencias administrativas y de impacto ambiental. Los problemas con el ayuntamiento han sido continuos al igual que las denuncias de irregularidades por parte de Ecologistas en Acción de la Manchuela que indican que “la opacidad de la empresa es total y no proporcionan los datos que se les solicitan”. Añaden que “lo último que contestó el Gobierno de Castilla-La Mancha respecto al plan de gestión de purines es que no se podía hacer público porque la empresa no lo había entregado desde el 2010, lo que supone una inadmisible irregularidad”.

Además, esta macrogranja de cerdas reproductoras de Balsa de Ves también ha sido acusada de irregularidades en las condiciones laborales y de bienestar animal. Una extrabajadora denunció en 2018 en Radio Albacete «el maltrato que sufren estos animales». Aseguró que «no existía control veterinario alguno» y que ella, sin formación, «debía asistir a los animales, a los que administraba antibióticos o vacunaba». A veces, incluso, «los atendía en los partos».

Desde Ecologistas en Acción de la Manchuela indican: “El procedimiento habitual del grupo Sanchiz suele ser el obtener inicialmente una autorización ambiental integrada para una macrogranja de cerdos, luego instalar una incineradora de cadáveres mediante una modificación no sustancial, después una planta de biogás con el pretexto de valorizar sus purines, para a continuación convertirse en una planta de gestión de residuos de diversa procedencia. En las localidades albaceteñas de Chinchilla, Bonete y Balsa de Ves, donde grupo Sanchiz tiene macrogranjas con planta de biogás, ha crecido el descontento de sus vecinos por el impacto de estas instalaciones en su calidad de vida, especialmente por los olores que generan y el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas”.

Cargo público con intereses particulares en el sector

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, formada por más de 70 colectivos vecinales y organizaciones en contra de este modelo de ganadería, rechaza este nombramiento. Su portavoz, Inma Lozano, sostiene: “A fecha de hoy no se tiene  constancia de la renuncia de sus cargos privados pero aunque lo haga no resulta ético el nombramiento de la que es directiva y miembro de la familia propietaria de un conglomerado empresarial directamente relacionado con  el área que se va a gestionar”.

La Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas establece que “No se podrá ejercer actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviere destinado”.

Añade la portavoz de Stop Ganadería Industrial que “es vergonzoso el nombramiento como alto cargo público de una directiva de un grupo empresarial con sanciones por irregularidades y que ha hecho del lavado verde un arte, ocultando los datos reales del impacto ambiental de sus actividades de ganadería industrial y gestión de residuos”.

¿Quiénes somos?

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, formada por más de 70 movimientos vecinales repartidas por diez comunidades autónomas y trabaja junto a organizaciones nacionales e internacionales como son Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Justicia Alimentaria, ADDA y Equalia. Su objetivo es denunciar los perjuicios ambientales y sociales que conllevan las explotaciones industriales y luchar por un modelo de ganadería alternativo, respetuoso con el medio, las personas y los animales.