Las semillas criollas son patrimonio de la nación

El Foro de ONG Internacionales de Guatemala (FONGI), del cual forma parte Justicia Alimentaria, y en representación de 32 organizaciones de las sociedades civiles de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza y de federaciones internacionales, hacemos un llamado a la institucionalidad rectora de la política alimentaria de Guatemala para que reconsidere la pertinencia de la adhesión del país al convenio UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y de la aprobación de la ley 6283 para la protección de obtenciones vegetales por la amenaza que significan al patrimonio de la nación.

La Ley 6283 también llamada Monsanto (de protección de obtenciones vegetales) fue aprobada el 10 de junio de 2014 y fue derogada el 4 de septiembre del mismo año, debido a la resistencia y las movilizaciones que su rechazo motivaron. Para el campesinado y los Pueblos se trata de otra amenaza a un modelo de vida que desde hace más de 11 mil años ha permitido conservar, seleccionar e intercambiar semillas en base a características productivas, a la cultura culinaria, al potencial medicinal y el uso en la espiritualidad. El modelo productivo campesino y los conocimientos de los pueblos originarios garantizan la riqueza de la variedad de las semillas criollas más allá de la necesidad de la alimentación de la población y es reconocido por desacelerar el calentamiento global. La Ley 6283 prevé sancionar a quienes utilicen semillas mejoradas genéticamente sin el debido pago a los obtentores; los cultivos con semillas nativas pueden contaminarse por polinización cruzada sin que haya en ello ninguna intervención humana (mediante la acción del viento, de las aves, insectos polinizadores, etc.). Las sanciones económicas previstas en la ley no pueden ser asumidas por las y los productores empobrecidos por el sistema productivo excluyente que impera en el país, además de tratarse de una tecnología agresiva que terminará con las semillas criollas por despojo o contaminación.

Sugerimos se conozca la Ley 6086 de biodiversidad y conocimientos ancestrales que espera dictamen desde el 31 de mayo de 2022 y que es el resultado del trabajo de casi 10 años de aportes de las comunidades productivas a nivel nacional.

Finalmente, hacemos un llamado a las autoridades electas para que en la nueva legislatura se realicen consultas informadas y se propongan estrategias para enfrentar la problemática alimentaria asegurando el desarrollo inclusivo que necesita el país.

*Foto de Joshua Lanzarini en Unsplash