‘Buena Suerte: Alimentación y Pesticidas’, la nueva campaña de Justicia Alimentaria pone en jaque el uso de pesticidas del Estado español

Los biocidas en realidad no nos engañan y hacen honor a su nombre: matan la vida, la biosfera de la que los seres humanos formamos parte. Hacen lo único que saben hacer: enfermar y matar. Si en Justicia Alimentaria creemos que es de vital importancia abrir ahora la caja de truenos del uso de pesticidas sintéticos en Europa es porque la ambiciosa propuesta legislativa que proponía reducir su uso en un 50%, y reparar el 20% de los ecosistemas dañados, ha sido atacada por parte de los grupos conservadores de la Eurocámara y los lobbies agroquímicos hasta congelar cualquier reglamento para después de las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para mayo o junio de 2024. Una decisión funesta porque puede provocar que las medidas no se lleven nunca a cabo y que las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad del Pacto Verde Europeo quede en papel mojado.

Necesitamos cambiar drásticamente nuestro modelo de consumo y de producción agroalimentaria. Necesitamos recuperar la fertilidad de los suelos, barrida durante estos sesenta años de prácticas insostenibles. Y, ante todo, necesitamos que el gobierno español se comprometa en la defensa de la reducción de uso de pesticidas. Son acciones que hay que llevarlas a cabo ya, no mañana ni pasado mañana: ya mismo. Y es que a nivel interno, nuestros suelos agrarios reciben, anualmente, más de 75 000 toneladas de pesticidas posicionando al Estado español como el rey absoluto en el uso de pesticidas en Europa.

La investigación sobre el uso de pesticidas de Justicia Alimentaria se ha centrado en tres problemáticas que pasan desapercibidas por el conjunto de la sociedad. La primera destapa un entramado basado en una mirada errónea que ya denunció el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribual de Cuentas de la UE, una subdivisión de los pesticidas en tres grandes categorías (autorizados, no autorizados y prohibidos) llena de grietas y concesiones de autorizaciones excepcionales para el uso de sustancias altamente tóxicas para la salud humana y el ecosistema. La segunda denuncia un sistema de control muy pobre y poco riguroso que sitúa al Estado español como el país de la UE que menos muestras analiza per cápita. Es decir, se analiza poco y mal, cada vez se permiten más pesticidas en las frutas y verduras y éstos son cada vez más combinados y más peligrosos. Y en tercer y último lugar, el estudio saca a relucir que se ha sobrepasado cualquier límite humano de análisis. Entender que hay un límite físico a lo que podemos evaluar y que superarlo supone de facto, no evaluar, es importante en el caso de los pesticidas porque protege a los grandes fabricantes.

En este sentido, Justicia Alimentaria denuncia la complicidad del Estado español con el denominado efecto bumerán, un perverso viaje de ida y vuelta muy sencillo de resumir: “te vendo un tóxico peligroso, lo utilizas en las plantaciones de frutas y verduras, y luego te las compro. Un buen negocio para las corporaciones, pero malas noticias para la población de aquí y de allí”. Este efecto bumerán viene de lejos y es que este regreso de los pesticidas prohibidos a través de la importación de alimentos contaminados es una realidad innegable en las relaciones comerciales entre el Estado español y países como Marruecos, Turquía, Brasil o Sudáfrica. No en vano, el Estado español es el tercer exportador de pesticidas de la UE (sexto en pesticidas prohibidos).

Por último, Justicia Alimentaria presenta 9 peticiones urgentes al Estado español que parten de un marco inquebrantable: garantizar una transición hacia un territorio libre de pesticidas sintéticos para el año 2035. Acciones como introducir un impuesto sobre el uso de pesticidas para que pague más quien contamine más o prohibir de una vez por todas la exportación de pesticidas no autorizados como ya sucede en Francia desde enero de 2022 por razones de salud y protección del medio ambiente.

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