Justicia Alimentaria denuncia la explotación laboral que hay detrás del sistema agroalimentario en España

Una nueva investigación documenta las situaciones de vulneración de derechos fundamentales en sectores vinculados a la agroalimentación con testimonios reales de trabajadores y trabajadoras.

Justicia Alimentaria ha presentado la investigación en Madrid con la participación de Riders x Derechos, Fruita amb justícia social, el sindicato de la conservera CUT y SOC-SAT -Sindicato Obrero del Campo-.

Para atajar la precariedad laboral en el sector agroalimentario español, Justicia Alimentaria propone prohibir la actuación de las ETT en los sectores económicos con alta tasa de empleo de colectivos vulnerables.

Justicia Alimentaria denuncia que el sistema alimentario actual asienta su éxito en la mano de obra precarizada y explotada. La investigación “El ingrediente secreto. Explotación laboral en la alimentación española” documenta las situaciones de vulneración de derechos fundamentales en las tres grandes plataformas agroexportadoras alimentarias: el sector de las frutas y hortalizas, el cárnico y el de las conservas de pescado. Justicia Alimentaria también aborda en este informe la explotación laboral en las plataformas digitales de reparto, los ‘riders’ y el ‘food delivery’.

Las ETT, ‘expertas’ en precarización

La organización señala a las ETT -empresas de trabajo temporal- como agentes clave de la precariedad laboral en el sector agroalimentario. Su papel preeminente en la contratación actúa como propulsor a la baja de las condiciones laborales, con consecuencias nefastas sobre todo en jóvenes, mujeres y migrantes, colectivos que más sufren la precariedad generada por estas agencias. Todos las empresas investigadas en el informe de Justicia Alimentaria -hortofrutícolas, mataderos y ‘food delivery’- acaban recurriendo a las ETT a modo de ‘comodín’ ante la dificultad de seguir con el fraude del ‘falso autónomo’. “Esto convierte a las ETT en una pantalla laboral que es un auténtico coladero de derechos laborales”, denuncia el informe.

Temporeras: las más vulnerables

La contratación de mano de obra vulnerable y migrante es recurrente en la agroexportación. En la contratación en origen -mayoritaria en sectores como la fresa de Huelva-, las mujeres provienen de entornos empobrecidos: mujeres menores de 40 años, con hijos o hijas menores de 14 años a su cargo. Esto asegura que aguanten más vulneraciones de derechos y que regresen a sus países cuando finalice el período de explotación.

»Si tú vas a los asentamientos, toda la gente está trabajando, pero esa gente no tiene contrato. La ETT busca la cuadrilla y ya está. No les da de alta. Hay veces que (los trabajadores) cogen papeles de otra gente para darse de alta». Es el testimonio de las Jornaleras de Huelva en Lucha.

De los contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras, el 32% se da en el sector agrario. En Huelva representa el 89% de los contratos a personas extranjeras; en Murcia, el 82%; en Almería, el 62%; en Lleida, el 51%. Parte está regularizada; otra parte, no.

El caso de los mataderos

Es difícil saber el número de personas que trabajan en los mataderos. Como en el caso del campo, la precariedad laboral es el factor clave para entender el supuesto éxito de las empresas exportadoras de alimentos. En el caso de los mataderos, la figura del falso autónomo es una de las figuras laborales más extendidas. En 2017, según datos de CC.OO, la industria cárnica empleaba a 21.000 falsos autónomos en el país.

En cuanto a las condiciones laborales, los mataderos son uno de los peores lugares del país para trabajar. Las personas que trabajan en los mataderos están especializadas en una única tarea que repiten una y otra vez sin parar a lo largo de su jornada laboral, y sus ritmos de trabajo son frenéticos.

Conserveras: enlatando precariedad

Los bajos salarios y las duras condiciones laborales se explican, al igual que en el resto de las empresas alimentarias agroexportadoras, por la imperiosa necesidad de ajustar los costes para seguir siendo competitivos en los mercados globales. En el caso de las conserveras, el sesgo de género es más que evidente. Las mujeres tienen más contratos temporales, por debajo de su cualificación y con menor sueldo. La propia negociación colectiva contribuye a esta situación. Los convenios de la industria del pescado están legalizando la infravaloración del trabajo que hacen las mujeres.

Al igual que en los mataderos, el trabajo que se efectúa en una conservera es extremadamente duro. Los movimientos repetitivos afectan a las articulaciones y provocan muchas lesiones, mientras que las posiciones fijas causan dolores de espalda.

«Cuándo te toca en invierno, trabajar el pescado congelado es insoportable, por el frío y la humedad. Cuando te toca en verano, dentro de una nave, también es insoportable, no hay ventilación y no ponen el aire porque es dinero.» Los testimonios de las trabajadoras dan muestra que son frecuentes las depresiones y los problemas emocionales por el trato que reciben y por la vigilancia permanente a la que son sometidas, controlando desde que no levanten la cabeza ni hablen hasta el tiempo que tardan en ir al baño.

Riders o la explotación laboral en bicicleta

El informe concluye que la precariedad laboral es condición necesaria para que funcione el modelo, más si cabe en el caso de las plataformas de food delivery. Y esto nos lleva a las condiciones de trabajo, relatadas por los propios riders: «Si no cogías horas el viernes, sábado y domingo, te sancionaban quitándote horas de trabajo. Cuando soltábamos horas, te bajaba el rendimiento.»

Algoritmos, sistemas de reputación, geolocalización permanentemente activa, etc.  Para que todo esto funcione, el food delivery necesita un perfil determinado de repartidor, que esté dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de poder trabajar.

Requieren mano de obra necesitada, que trabaje todo lo posible, que no se queje, que no se organice, que no levante la voz; una masa de gente vulnerable y fuertemente disciplinada. Y las plataformas buscan esa masa de personas vulnerables. Esto explica que prácticamente la mayoría sean migrantes y que una proporción cada vez mayor esté en situación administrativa irregular.

Prohibición de las ETT

Para atajar la precariedad laboral en el sector agroalimentario español, Justicia Alimentaria propone, en primer lugar, prohibir la actuación de las Empresas de Trabajo Temporal en los sectores económicos con alta tasa de empleo de colectivos vulnerables. “Tanto en el caso de las food delivery y la Ley Rider, el de los mataderos y los falsos autónomos o el de las temporeras del campo y los convenios colectivos, han sido las ETT quien han sustituido a las mismas empresas a la hora de gestionar la precariedad”, concluye el informe. Consecuentemente, también ve necesario recuperar la exclusividad de la función pública como agencias de colocación y de gestión de los puestos de trabajo temporales.

Otras medidas que reclama la entidad es la de garantizar que la distribución de subsidios agrarios llegue a aquellos productores que respeten el medio ambiente y los derechos de las personas trabajadoras, refuerzo de la Inspección de Trabajo, mejorar los mecanismos de denuncia de los abusos de derechos, revisar y modificar el mecanismo de gestión colectiva de la contratación en origen (GECCO), o la ratificación por parte del Estado español de los convenios laborales.

Un nuevo contrato social agroalimentario

En paralelo, Justicia Alimentaria reclama una transformación del sistema alimentario, un nuevo contrato social agroalimentario basado en la alimentación saludable, justa y sostenible como un derecho humano.