La alimentación saludable, una cuestión de justicia social en tiempos de crisis global

2022 marcará un antes y un después a nivel global por diversos motivos. Las consecuencias de la guerra en Ucrania, «el granero de Europa«, nos afectan a todos y no solo en los precios de la alimentación. Venimos arrastrando una emergencia climática que cada vez se muestra más patente y que nos implica a todas las personas, como productoras o consumidoras de unos alimentos que cada vez son menos accesibles y asequibles. Nuestra cesta de la compra, nuestros menús escolares, nuestra producción local está cada vez más condicionada por la agroindustria alimentaria.

Justicia Alimentaria, en este contexto, ha puesto en marcha campañas y propuestas para equilibrar esta balanza, y aunque los logros son muchos, en plena crisis global debemos seguir incidiendo desde nuestros proyectos en el Sur, las comunidades campesinas, en nuestras escuelas, con las familias y con las administraciones públicas para conseguir que la alimentación saludable sea un derecho, no un privilegio.

Como decimos en nuestro último informe, «El ingrediente secreto«, «en la era global, la agricultura y la ganadería ya no producen productos finales -alimentos-, sino bienes intermedios para la industria agroalimentaria y esta, a su vez, es suministradora de lo que demanda el supermercado global.»

Pero esto tiene soluciones y por eso debemos insistir en las medidas que proponemos en cada una de nuestras investigaciones y campañas como Exporta, explota, me expló!, Las mentiras que comemos o Defendamos a defensoras para proteger a quienes alzan su voz para preservar la vida y los bienes naturales en sus territorios.

En 2022, nuestras propuestas han querido dar respuestas concretas a una situación compleja de crisis: desde medidas para limitar los precios de los alimentos básicos, una compra pública alimentaria que favorezca los mercados locales, acabar con el greenwashing alimentario como la mayor amenaza sobre nuestra salud, el medio ambiente y los derechos humanos o prohibir las ETT que perpetúan la explotación laboral en el sector agroalimentario, insistiendo en la necesidad de visibilizar la vulneración de derechos fundamentales para acabar con estas situaciones, que se dan más cerca de lo que pensamos. Así lo han recogido numerosos medios de comunicación. Sin olvidar, además, que la crisis es estructural y requiere de una transformación del modelo y un nuevo contrato social agroalimentario basado en la alimentación saludable, justa y sostenible como un derecho humano.

Además, el apoyo de nuestros equipos de trabajo en todas nuestras sedes y delegaciones territoriales, así como nuestro voluntariado ha sido esencial en este año y esperamos que continue para que en 2023 podamos seguir trabajando por transformar el sistema alimentario global.

Nos va la economía, la salud y la vida en ello.

Os esperamos de nuevo en el 2023 para renovar juntas nuestro compromiso de trabajar por el derecho a la alimentación sana, justa y sostenible para las personas y el planeta.